Santo Domingo Este.– Un tribunal de Santo Domingo Este condenó a 30 años de prisión a dos hombres hallados culpables de confabularse para asesinar a un primer teniente de la Policía Nacional, en un hecho ocurrido en el año 2023 en la Ciudad Juan Bosch.
Los sentenciados son Adrison Depestre Sene, alias Anderson, y el ciudadano haitiano Tony Tulysse Desarmes, conocido como Tomy, quienes fueron declarados responsables del asesinato del primer teniente José Joaquín Encarnación Montero.
La decisión fue adoptada luego de que el tribunal acogiera la solicitud del Ministerio Público, tras comprobar, mediante pruebas contundentes, la participación directa de ambos procesados en el crimen. Durante el juicio, el fiscal litigante Juan A. Olivares demostró que los acusados incurrieron en la violación de los artículos 265, 266, 295, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, relativos a asociación de malhechores y homicidio, así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
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De acuerdo con el expediente instrumentado por la fiscal investigadora Dahiana E. Castillo, los condenados planificaron el asesinato por motivos económicos y personales. Depestre Sene mantenía una deuda de aproximadamente 25 mil pesos con la víctima, mientras que Tulysse Desarmes tenía conflictos con el oficial, quien le había exigido la devolución de una vivienda que le había prestado de manera temporal.
El Ministerio Público estableció que, bajo el pretexto de saldar la deuda, Depestre Sene citó al primer teniente Encarnación Montero en la entrada de la Ciudad Juan Bosch. En el lugar lo esperaba junto a su cómplice, Tony Tulysse Desarmes. Ambos lograron reducir al oficial, lo ataron y lo trasladaron hasta un solar baldío ubicado en la avenida Ecológica, donde finalmente le dispararon utilizando su propia arma de reglamento, causándole la muerte.
El tribunal consideró que se trató de un crimen premeditado, ejecutado con alevosía y en total estado de indefensión de la víctima, lo que justificó la imposición de la pena máxima prevista para este tipo de delitos.
La sentencia fue dictada por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, integrantes del Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, quienes ordenaron que los condenados cumplan la pena impuesta en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.
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