SANTO DOMINGO.- El Tribunal Colegiado de Puerto Plata impuso la pena máxima de 30 años de prisión a Juan Alberto Perdomo y Manuel Francisco Pichardo, hallados culpables del asesinato del ganadero Eduardo Generoso Pérez y de su compañera sentimental Maribel del Carmen Acosta, crimen perpetrado en abril de 2023 en el distrito municipal Estero Hondo, Villa Isabela.
La condena fue dictada a solicitud del Ministerio Público.
La acusación establece que ambos hombres, empleados de confianza del ganadero, se dedicaban a sustraer y vender para beneficio propio decenas de reses de la propiedad de Pérez. Cuando la víctima descubrió la desaparición del ganado y los confrontó, los procesados planificaron y ejecutaron su asesinato y el de su pareja.
De acuerdo con el expediente, Perdomo y Pichardo golpearon a las víctimas con palos y una llave Stillson, incineraron los cuerpos dentro de la finca y luego intentaron simular su desaparición.
También se apropiaron de los teléfonos del ganadero y enviaron mensajes a familiares para hacer creer que ambos seguían con vida, mientras continuaban vendiendo el ganado robado y suplantando la identidad de Pérez.
La investigación estuvo a cargo de los fiscales José Armando Tejada (fallecido durante el proceso), Julio César Gómez Quintana, Patricia Lagombra y del procurador general de corte Miguel Antonio Ramos, de la Dirección de Desaparecidos.
En el juicio, la fiscal litigante Ana Mariela Hernández presentó pruebas que sustentaron la culpabilidad de los imputados, entre ellas restos óseos incinerados, objetos utilizados para cometer el crimen, teléfonos celulares, prendas de vestir con manchas de sangre y un DVR dañado.
El Ministerio Público calificó los hechos como violaciones a los artículos 365, 266, 295, 296, 297, 302, 379 y 386-3 del Código Penal dominicano, que sancionan la asociación de malhechores, el asesinato y el robo asalariado.
El tribunal, compuesto por las juezas Jakayra Veras, Benecia Rojas y Yenny Martínez, dispuso que ambos condenados cumplan la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe, y ordenó además el pago de una indemnización a los familiares de las víctimas.
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