Pink Pony Bar funcionaba en la avenida Núñez de Cáceres.
*Por Kevin Michel Frías
SANTO DOMINGO.-El Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia sentencio a Jarvis Guerra Rodríguez, propietario del Pink Pony Bar, a 25 años de prisión, luego de ser hallado culpable en los casos de trata de personas con fines de explotación sexual de 33 mujeres de nacionalidad venezolana.
El tribunal también condenó a 20 años de prisión y al pago de una multa de 175 salarios mínimos a la empleada de dicho establecimiento Ángela Isaura Campusano Santos (Daysi, la Morena o la Negra).
El Ministerio Público establece que Jarvis utilizaba el establecimiento que funcionaba en la avenida Núñez de Cáceres del Distrito Nacional.
Esta corte ordenó el pago indemnización de RD$500 mil a cada una de las víctimas y el decomiso de todos los bienes muebles e inmuebles que les fueron incautados a los acusados durante el proceso de investigación.
Detalla que el hoy condenado facilitaba su traslado, daba acogida y explotaba sexualmente a las víctimas en el referido establecimiento, aprovechando sus condiciones de vulnerabilidad, con restricción de su libertad y utilizando coacción en su contra.
Guerra Rodríguez con la colaboración de Campusano Santos dio acogida a varias mujeres de origen venezolano, luego de que facilitara su traslado desde Venezuela, con la provisión de las cartas de invitación y tickets aéreos que necesitaban para poder ingresar a la República Dominicana.
La acusación también señala que el hoy condenado tenía varios contactos en Venezuela, para captar a las mujeres, ofreciéndoles trabajar en una Disco-Bar, sirviendo tragos y haciendo que éstos compraran tragos, engañándolas durante este proceso al no informarles que en el lugar también tendrían que sostener relaciones sexuales con los clientes.
Jarvis Guerra Rodríguez y Ángela Isaura Campusano Santos, cumplen medida cautelar de prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de La Victoria y el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal, donde, igualmente, deberán cumplir sus respectivas condenas.
