El asesinato del senador Darío Gómez, ocurrido en 2001, reveló una situación que agregaba conmoción a un de por sí estremecedor hecho como es la muerte violenta de un legislador.
En esa oportunidad salió a relucir que entre los asesinos había una persona que en ese momento debía estar guardando prisión, al estar condenada por otro crimen.
También llamó la atención que una de las armas utilizadas por quienes mataron al congresista debía estar bajo custodia policial.
De cuando en vez sale a relucir un caso de delito cometido por personas que técnicamente debían estar guardando prisión.
También se han registrado hechos violentos cometidos por delincuentes que lograron evadir la prisión de manera irregular.
Reconocemos que se ha avanzado mucho en el manejo carcelario y que actualmente se ejecutan programas para seguir mejorando.
Pero también reconocemos que persisten males como los descritos anteriormente.
La oposición ha hecho una denuncia en esa misma dirección y la respuesta del Ministerio Público ha sido pedir pruebas.
Claro que cuando figuras públicas hacen denuncias deben estar sustentadas y no dejarlo en simples declaraciones.
Pero también es cierto que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de dar respuestas sustentadas o sosegadas.
No esperamos que este tema se convierta en una disputa entre el procurador y un aspirante presidencial, sino que sea una clarinada para corregir cualquier situación anómala que exista o evitar que se presenten en el futuro.
