Santo Domingo.-La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave) dijo hoy que si las altas instancias del Estado desean que sea más asequible un vehículo a las familias de bajos ingresos, deberían bajar los impuestos a los automóviles utilitarios de poco consumo, y no incentivar la compra de unidades obsoletas y destartaladas, que hacen más mal que bien.
El señor Enrique Fernández, presidente ejecutivo de Acofave, señaló que aumentar de 5 a 8 años la importación de vehículos usados, sería como dar una píldora envenenada y como pedirle a un enfermo que se cure con una medicina vencida, con el agravante de que el daño no es sólo al interesado, sino a toda la sociedad que respirara más aire contaminado.
“Si se desea hacer más asequible los vehículos a la clase de menores ingresos, se debe trabajar con los niveles de impuestos, y con planes de financiamientos flexibles, pero enfocándose en vehículos utilitarios que se encuentren en la escala más baja de producción de CO2, de acuerdo a la Ley 235-12”, expuso.
Indicó también que “no debemos retroceder, sino avanzar. No podemos convertir a nuestro país en el receptor de los desechos de otras economías más avanzadas, ni debemos permitir que nuestro país retroceda en el camino hacia la modernidad y la protección al medio ambiente”.
Fernández señaló que la legislación vigente ha fomentado un mercado de hasta dos vehículos usados por cada nuevo importado, y que con un parque vehicular con el 71.4% de unidades con más de 10 años de edad, importarlos de 6, 7 y 8 años contribuirá a avejentar aún más el parque vehicular.
Indicó que “en caso de que se desee estimular el incremento en las ventas de automóviles y facilitar su asequibilidad, sugerimos analizar con todos los actores del sector medidas tales como reducción de impuestos a vehículos utilitarios, con tecnología ecológica y económicos, ordenamiento del sector, entre otras”.
El presidente ejecutivo de Acofave apeló a los miembros del Senado y a su presidente Reinaldo Pared Pérez, y al presidente Danilo Medina Sánchez a que rechacen la citada iniciativa, con base en el artículo 66 de la Constitución, que establece el derecho colectivo a la conservación del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente.
También los exhortó a asumir el deber del Estado estipulado en el artículo 67 de la Carta Magna, de prevenir la contaminación, y proteger y mantener el medio ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones.
Enfatizó que resulta una incoherencia legislativa establecer, mediante la Ley 235-12 de Reforma Fiscal, un impuesto a los vehículos en base a la emisión de gases de dióxido de carbono (CO2), para estimular la adquisición de vehículos menos contaminantes, y de inmediato aprobar otra ley que promueve la importación de vehículos que, por su antigüedad, generan mayor cantidad de dicho gas, tanto por la obsolescencia de su tecnología como por el desgaste y por el tamaño de sus motores.
El licenciado Fernández describió en un documento de prensa los perjuicios a la economía familiar y seguridad e impacto nacional, el medio ambiente y la salud, los inconvenientes en el tránsito y la pérdida de ingresos fiscales de la referida proyecta promovida en el Senado.
