Santo Domingo.– Las diversas organizaciones sociales que conforman el Foro Ciudadano, la Coordinadora Popular Nacional y la Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres invitan a toda la familia dominicana a participar en la concentración cívica y ciudadana que se realizará este próximo miércoles 24 de julio a partir de las cinco de la tarde frente al Palacio Nacional, en demanda de la aprobación de un Código Penal que no signifique un retroceso para el país en la lucha por el fin de la impunidad.
Las organizaciones sociales se concentrarán en dicho punto para demandar al presidente Luis Abinader que ejerza su liderazgo y cumpla el compromiso que hizo con la sociedad dominicana de lograr un Código Penal moderno que fortalezca la institucionalidad del país, sin menoscabar los derechos de la niñez, las mujeres y las comunidades en situación de vulnerabilidad.
Reiteran el llamado a toda la familia dominicana a sumarse a este evento para evitar la aprobación de un marco jurídico que contravenga innumerables tratados internacionales y preceptos constitucionales, y que además permita un espacio a la impunidad al establecer que la corrupción administrativa no puede ser perseguida luego de 20 años de cometidos los hechos.
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“La prescripción de la corrupción en el Código Penal constituye un grave retroceso en la lucha contra la impunidad y la transparencia. Permitir que los delitos de corrupción prescriban socava los esfuerzos por erradicar este flagelo, ya que otorga a los responsables la posibilidad de evadir la justicia simplemente esperando el tiempo necesario”, expresaron los organizadores del evento en un comunicado a los medios este domingo 21 de julio.
Estas organizaciones también están preocupadas por la falta de disposiciones claras contra crímenes de odio y discriminación, así como por las severas restricciones en cuanto a los derechos reproductivos de las mujeres, especialmente en lo que respecta a la penalización de la interrupción del embarazo en casos de violación, incesto o riesgo para la vida de la madre, lo que consideran un retroceso en los derechos humanos y la equidad de género.
