El Día 
Santo Domingo.-La multa impuesta a la constructora brasileña Odebrecht por la admisión del pago de sobornos para obtener contratos con el Estado dominicano, será utilizada para la construcción de un nuevo complejo penitenciario que sustituya la conocida cárcel “La Victoria”.
El proyecto constaría de dos módulos con ocho recintos independientes, con capacidad para alrededor de 1,150 internos cada uno, lo cual le permitirá albergar dentro del nuevo sistema penitenciario a unos 9,200 internos, según el plan elaborado por la Procuraduría General de la República y que ahora está a la espera de la aprobación final por parte del Presidente de la República.
El proyecto tiene un costo estimado en 120 millones de dólares, los cuales provendrían de los recursos pagados por Odebrecht por la multa impuesta tras el acuerdo firmado por el Ministerio Público.
La constructora brasileña ha pagado a la fecha 30 millones de dólares y deberá pagar 30 millones en las próximas semanas, según el cronograma de pago contemplado en el acuerdo judicial.
La multa total impuesta es de 184 millones de dólares, los cuales deberá pagar en cuotas establecidas hasta 2025, según se hizo consignar en el acuerdo.
La cifra establecida como multa equivale al doble del monto admitido que pagó la empresa como soborno para obtener los contratos para la construcción de obras en República Dominicana.
El proyecto de construcción del nuevo recinto carcelario busca eliminar la cárcel La Victoria, la de mayor población y hacinamiento del país.
Ese penal fue construido en 1952 por el dictador Rafael Leonidas Trujillo, con una capacidad para albergar a mil reclusos, sin embargo hoy tiene una población de 8,600 reos, lo que implica que es casi ocho veces la cantidad máxima para la que fue construida.
Aunque el proyecto está a la espera de la aprobación final del presidente Danilo Medina, ya se han identificado unos terrenos del Consejo Estatal del Azúcar en la cercanía de la avenida Circunvalación que une a Santo Domingo con San Cristóbal.
El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, explica que esos terrenos permiten acceso al Gran Santo Domingo y las regiones Sur y Norte del país.
Proceso Odebrecht
El procurador Jean Alain Rodríguez informó ayer, al conversar con un grupo de ejecutivos periodísticos, que el proceso judicial contra los 14 imputados por el caso de corrupción de Odebrecht continúa su curso y que se han estado incorporando nuevos elementos para fortalecer la investigación.
Explicó que el Ministerio Público tiene hasta finales de enero para formalizar la acusación contra cada implicada y que en caso de ser necesario puede pedir una prórroga de tres meses más.
Añadió que han sido investigadas más de 100 personas físicas o morales vinculadas a los imputados en el caso de los sobornos pagados por Odebrecht, rastreando el dinero generado por esa práctica ilícita.
La Procuraduría
El procurador Rodríguez se refirió también a las trabajos de organización interna que ha propiciado en el Ministerio Público, los cuales han tenido como pilares el uso de la tecnología para el combate del crimen y prestarles servicios a los ciudadanos, la capacitación del personal, nivelación salarial y adecuación de las instalaciones del Ministerio Público en todo el país.
Mejoría de sueldos
Puso como ejemplo que durante este año se produjo un aumento salarial de un 25 por ciento como promedio y se están incorporando 215 plazas para fiscalizadores que son escogidos mediante concurso.
Con esta última medida se busca enfrentar el déficit de fiscales a nivel nacional y reducir la carga de casos que tienen los incumbentes. Sobre la tecnología explicó que el nuevo portal de servicios permite al al ciudadano le permite requerir documentos y pagarlos por la vía del internet.
Había ultimado uno.
El excoronel del Ejército Robles Ramírez Pimentel en el año 2012 ultimó a uno de tres presuntos delincuentes, cuando alegadamente resistió ser asaltado en el sector de Invivienda.
Pesquisas.
Las autoridades tratan de identificar el cártel que dirigía el proceso de enviar el cargamento de drogas hacia el exterior por la terminal de La Romana.
Coroneles serán investigados
El Procurador informó que abrirán una investigación contra los coroneles cancelados, Robert Antonio Ramírez Pimentel, del Ejército, y Domingo Figuereo Heredia, de la Fuerza Aérea, quien se desempeñaba como director de Seguridad de la terminal aérea y está acusado de desactivar el protocolo de seguridad para permitir el arribo de una aeronave, matrícula HK4909G, procedente de Cartagena, Colombia.
Los oficiales superiores, quienes tenían 25 años de servicio, actuaron junto al primer teniente de la Policía Andrés Lorenzo Castillo Padilla y el asimilado Emmanuel Cruz Espinal, para que la carga narcótica, contenida en 23 paquetes envueltos en sacos fuese subida a otra aeronave que partió con rumbo desconocido.
