Víctor Féliz Solano
La participación comunitaria y el presupuesto participativo son componentes esenciales para lograr una gestión local exitosa y vinculada al desarrollo local.
En el corazón de este enfoque se encuentra el reconocimiento de que las comunidades son actores fundamentales en la toma de decisiones que afectan su entorno.
Este proceso va más allá de simplemente informar a la población sobre las decisiones tomadas; implica activamente a los ciudadanos en la formulación, implementación y evaluación de políticas y programas locales.
La participación comunitaria se erige como un pilar sólido para comprender las necesidades y aspiraciones de la población local. Al involucrar a los residentes en el proceso de toma de decisiones, se aprovechan conocimientos y perspectivas variadas que pueden escapar a las autoridades centralizadas.
Este enfoque colaborativo fomenta un sentido de pertenencia y responsabilidad, fortaleciendo los lazos entre los habitantes y sus entornos. Además, empodera a las comunidades al permitirles influir directamente en el diseño de políticas que afectan sus vidas diarias.
Dentro de esta dinámica participativa, el presupuesto participativo emerge como una herramienta especialmente efectiva. Esta práctica implica asignar una porción del presupuesto municipal para ser gestionada directamente por la comunidad.
Los residentes se reúnen para identificar prioridades, proponer proyectos y decidir sobre la distribución de fondos. Este proceso transparente y democrático garantiza que los recursos se asignen de manera alineada con las verdaderas necesidades y aspiraciones de la comunidad.
En nuestra legislación municipal está descrito en el articulo 236 de la Ley 176-07 denominado como Sistema de Presupuesto Participativo Municipal (PPM), que tiene por objeto establecer los mecanismos de participación ciudadana en la discusión, elaboración y seguimiento del presupuesto del municipio, especialmente en lo concerniente al 40 % de la transferencia que reciben los municipios del Presupuesto Nacional por ley, que deben destinar a los gastos de capital y de inversión, así como de los ingresos propios aplicables a este concepto.
Uno de los beneficios clave del presupuesto participativo es su capacidad para abordar desafíos locales específicos de manera eficiente.
Al descentralizar la toma de decisiones financieras, se pueden desarrollar soluciones adaptadas a contextos locales particulares. Esto no sólo optimiza el uso de los recursos, sino que también promueve un sentido de autonomía y autodeterminación en las comunidades locales.
Además, el presupuesto participativo contribuye significativamente a la transparencia y la rendición de cuentas. Al abrir el proceso de asignación de recursos a la participación directa de los ciudadanos, se reduce el riesgo de malversación y corrupción. Esta transparencia fortalece la confianza entre los residentes y las autoridades locales, creando una base más sólida para la colaboración continua.
Es importante destacar que el éxito de este presupuesto depende de una comunicación efectiva y de la inclusión de diversos segmentos de la población. La accesibilidad a la información y la participación activa de grupos marginados garantizan que las decisiones no beneficien solo a ciertos sectores, sino que aborden las necesidades de toda la comunidad.
La participación comunitaria, respaldada por herramientas como el presupuesto participativo, constituye un modelo integral para una gestión local exitosa.
Al involucrar a los residentes en la toma de decisiones y permitirles gestionar directamente parte de los recursos, se fomenta un desarrollo local arraigado en las necesidades reales de la comunidad. Este enfoque no sólo fortalece la cohesión social, sino que también sienta las bases para un futuro más sostenible y equitativo.
*Por Víctor Féliz Solano
