Santo Domingo.- La implementación de políticas de compras verdes y la adopción de criterios medioambientales enmarcados en la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas representan una oportunidad económica clave para el país.
Así lo afirmó Kathia Mejía, directora ejecutiva de la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored), quien además, destacó que las adquisiciones sostenibles del Estado pueden convertirse en un motor de innovación, impulsando nuevos nichos de mercado para proveedores responsables.
“No se trata solo de un compromiso ambiental, sino también de un mecanismo de competitividad económica”, puntualizó Mejía durante su intervención en el Foro de Contratación Pública.
En el panel compras verdes: conectando políticas públicas con el desarrollo sostenible, explicó que, al priorizar bienes y servicios con criterios de sostenibilidad, el Estado genera un efecto multiplicador en las cadenas de valor, promoviendo inversiones, empleo y fortalecimiento de capacidades en las empresas locales.
No obstante, advirtió que la oferta sostenible, aunque existente, enfrenta un “techo de cristal” en el sistema de compras públicas.
Entre los principales obstáculos señaló la falta de criterios homogéneos y la priorización exclusiva del precio, lo que limita el acceso de productos y servicios con atributos ambientales.
Asimismo, identificó debilidades técnicas dentro de la administración pública, ya que muchos comités de compras carecen de formación para evaluar factores como la huella de carbono o la eficiencia energética.
También mencionó que los costos iniciales más altos de los productos sostenibles suelen ser penalizados en los procesos de licitación, a pesar de que generan ahorros significativos a largo plazo en áreas como energía, agua y salud.
Otro reto que citó mejía es la fragmentación normativa, que genera incertidumbre e impide que las empresas puedan dimensionar con claridad el mercado potencial de productos sostenibles.
Para superar estas barreras, Ecored propone una estrategia basada en tres ejes de acción:
Fortalecer la normativa: Incorporar de forma obligatoria criterios de sostenibilidad en sectores estratégicos, y homologar certificaciones reconocidas, como ISO 14001 o Energy Star.
Capacitación y herramientas: Crear programas formativos para compradores públicos y desarrollar manuales prácticos con ejemplos específicos para facilitar su aplicación.
Incentivos al mercado: Establecer un catálogo nacional de proveedores sostenibles y promover reconocimientos a instituciones públicas que lideren en la implementación de compras verdes.
“La sostenibilidad no debe verse como un costo adicional, sino como una inversión inteligente”, subrayó Mejía.
Asimismo dijo que “Cuando el Estado lidera con criterios sostenibles, no solo reduce su impacto ambiental, sino que también envía una señal clara al mercado: la innovación, la eficiencia y la responsabilidad empresarial tienen valor.
La actividad se enmarca en los esfuerzos por promover una transformación del sistema de compras públicascomo herramienta para el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana, en el contexto de la nueva Ley de Contrataciones Públicas 47-25.
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