Las autoridades del área arancelaria de la República Dominicana no están ajenas a todo lo que significa el libre mercado y la revolución que en materia económica constituye la compra y venta por Internet.
Hace mucho tiempo que el país debió tomar acciones al respecto y contar, ya en el siglo XXI, con regulaciones que permitan transacciones limpias, fluidas y transparentes a través de los portales de compra y venta que existen tanto en el país como en el extranjero.
Cada sistema de mercado trae sus propias reglas de juego. Una empresa por Internet tiene su naturaleza, funciona de manera muy diferente a una empresa tradicional, afincada en operaciones que vienen del siglo pasado.
No se puede recurrir al alegato de competencia desleal para satanizar las operaciones que se hacen de cara a lo que es un mercado nuevo, que ofrece trabajo y grandes oportunidades de compra y venta a clientes fijos y ocasionales que usan el canal como una oportunidad para adquirir artículos y productos que el mercado tradicional vende a tres y cuatro veces por encima del precio que tienen en tiendas de la web.
Si bien es cierto que hay una falta de regulación para las tiendas de Internet, también es cierto que las autoridades nacionales tampoco han mostrado una voluntad a la hora de disciplinar los precios del mercado nacional, sobre todo, tomando en cuenta que las referencias y diferencias de precios son alarmantes entre un producto comprado aquí con otro que se adquiere en el extranjero, de igual calidad y con las mismas características.
Favorecemos y alentamos que las autoridades trabajen un plan de regulaciones para este nuevo mercado, pero que lo haga con justicia y equidad.
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