De un tiempo a esta parte la inmensa mayoría de los dominicanos vive en apartamentos. Eso ocurre en las principales ciudades.
Hay pocas soluciones habitacionales que se aparten de esta oferta, salvo en las ciudades pequeñas y zonas rurales.
El drama está en cómo un dominicano, con el sueldo promedio que recibe mensualmente, puede comprar una vivienda, ya se trate de un apartamento en la ciudad o una casa en la zona rural. Muchas de estas viviendas, que ofrecen pocos metros de construcción, dos habitaciones, sala y comedor, tienen un precio que sobrepasa los dos millones de pesos.
En síntesis, no constituyen una oferta razonable para una familia dominicana de clase media, ya que normalmente el matrimonio tiene tres hijos como mínimo. Además de que el precio de compra no resulta atractivo, ya que los bajos salarios que se pagan en el país, tanto el sector público como privado, no permiten que un trabajador asuma una deuda de veinte años.
Hoy más que nunca el Gobierno, junto a las instituciones financieras, debe abocarse a diseñar una política de construcción y financiamiento de viviendas que se enfoque en la verdadera capacidad de pago de los adquirientes, así como en su composición familiar.
Una y otra condición tienen que estar contempladas a la hora de pensar en un verdadero y eficaz programa habitacional para la clase media. De lo contrario todo se vuelve promesas, discursos y sueños irrealizables.
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