Los daños provocados en el país por las prácticas corruptoras de la empresa brasileña Odebrecht no se limitan a la afectación del erario, sino que ha estremecido nuestras instituciones y el sistema de partidos.
Las consecuencias de su accionar han sido en extremo perniciosas para el país. Ante la magnitud de los daños, resultaría muy leve el limitar el castigo al simple pago de una especie de compensación del duplo de lo que admitió haber pagado en sobornos.
Son muchas las voces que plantean que a Odebrecht le sea eliminado el registro de proveedor del Estado para que no pueda volver a tener vínculos comerciales con instituciones públicas nacionales.
Quienes así opinan no parten a la ligera, pues ese es uno de los castigos que establece la ley contra el soborno para los que actúan como lo ha hecho la empresa constructora brasileña.
¿Para qué seguir negociando con una empresa que arrastra ese historial? Es cierto que en los próximos años difícilmente Odebrecht vuelva a incurrir en prácticas corruptas, pero siempre quedará la duda de cuándo el perro volverá a ser huevero.
Eso no implica que queden inconclusas las obras en ejecución, ya que las pérdidas para el país en tiempo y dinero serían incuantificables.
Las autoridades deben velar porque esas obras sean concluidas, incluyendo las plantas de carbón de Punta Catalina, en cuya ejecución hay invertidos más de 1,550 millones de dólares.
Lo sensato es apostar a que esas plantas entren en servicio lo antes posible para que el país empiece a recibir los beneficios de una matriz eléctrica menos costosa.
