El empresario Emmanuel Rivera Ledesma, apresado junto a otros implicados.
Santo Domingo.- La solicitud de medida de coerción del Ministerio Público contra los imputados en la Operación Nido liderada por Emmanuel Rivera Ledesma y sus hijos Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo y María Gabriela Rivera Pichardo, establece que crearon una estructura delictiva para estafar a cientos de personas en el territorio dominicano y en el extranjero, utilizando el sector inmobiliario.
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Señala, además, que junto a ellos delinquieron Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Juan Omar Rosario López, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Reilin Arismendy Rosario García quienes también utilizaron una estructura con apariencia de empresa de donde dirigían todo el entramado para darles a las personas confianza y seguridad.
Blanco objetivo
El expediente indica que los implicados en el caso identificaron una cantidad importante de dominicanos en el exterior como un blanco objetivo, en vista que, al no estar en República Dominicana, no podrían ver los retrocesos o inexistencia de los proyectos de construcción utilizados como maniobra fraudulenta.
El documento judicial indica que vendieron más de trescientas unidades de apartamentos, de proyectos para los que no tenían ni siquiera permiso de construcción y en algunos casos ni la propiedad del terreno.
Para el delito de estafa utilizan mecanismos fraudulentos, engaños y trucos con el objetivo de quitarles sus pertenencias.
«Todos los terrenos adquiridos para supuestamente edificar los proyectos presentaron Litis y problemas judiciales de consideración, que apenas algunos se han logrado resolver con el dinero de las hoy victimas, pero que realmente carecían de un derecho de propiedad en favor de la estructura al momento de que captaban a las víctimas2, explica el expediente.
Asimismo, expone que los implicados vendieron a distintas personas las mismas unidades de apartamento e incluso vendieron decenas de proyectos y unidades inexistentes.
Añade que utilizaron abogados y contables, quienes, a pesar de se sujetos obligados, entraron al esquema fraudulento para darle al entramado apariencia de legalidad y estabilidad financiera, así como también, asesorar para encubrir sus maniobras fraudulentas.
De igual manera agrega que los acusados de estafa movilizaron millonarias cantidades de dinero por cuentas particulares, sin ningún tipo de justificación ni soporte financiero.
«El líder de la organización criminal amenazaba, insultaba e intimidaba a las víctimas ante quienes presumía de sus supuestos contactos dentro y fuera del sector justicia», cita el documento.
La solicitud de medida de coerción expone también que, la alta gerencia de la organización gastaba millones de pesos, en cuestiones personales utilizando los recursos captados de las víctimas a través del esquema fraudulento de estafa.
Engaño
Utilizando dicho dinero para hacer gastos excesivos en productos financieros, restaurantes de lujo vehículos de lujo, turismo y viajes nacionales e internacionales.
Además, según el expediente los imputados utilizaron audiovisuales para aparentar entregas de vivienda a víctimas, a quienes de forma abusiva utilizaron su imagen y atropellaron su dignidad y derecho, cerrándole la puerta de la vivienda supuestamente entregada, luego de haber utilizado la imagen como un caso de responsabilidad y de lo que pasaba con quienes creían y no se querellaban.
Emmanuel Rivera, acusado de estafa inmobiliaria.
«Vendieron proyectos basados en inmuebles sobre los que no tenían ningún tipo de derecho de propiedad, perteneciendo estos inmuebles a terceras personas«, subraya el Ministerio Público en el documento.
Sostiene que los acusados utilizaron vehículos societarios entrelazados para maniobrar en operaciones típicas de lavado de activos, al realizar ingresos y egresos al margen de las normas contables.
Ya que se convirtieron en una estructura delictiva que captó millones de pesos de cientos de víctimas, dinero que transfirieron a terceros, ocultado con operaciones fraudulentas, adquirieron, administraron y utilizaron bienes con dinero producto de esas acciones ilícitas.
Pese a las advertencias de las autoridades, la gente sigue cayendo en estas estafas. Arte: Pedro Rosario.
El órgano persecutor enfatiza en que los implicados en la estructura delictiva obstruyeron la investigación del Ministerio Público, utilizando múltiples maniobras entre ellas haciéndoles falsas promesas a las víctimas, cambiándoles los contratos, fechas y objetos, haciéndoles algunos pagos parciales, manipulando informaciones para crearles falsas esperanzas, amenazando e intimidando, entre otras maniobras.
Solicitud de coerción
El órgano persecutor ha establecido que la estafa realizada por la desmantelada red asciende a más de 700 millones de pesos, afectando a más de 300 víctimas a las que ofertaban viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas.
La procuradora fiscal Sourelly Jáquez declaró ante medios de comunicación que en el expediente el órgano persecutor solicita prisión preventiva y la declaración de complejidad del caso.
