El lado más doloroso del caso Onco 14: pacientes con cáncer, los más perjudicados
- La cúpula del patronato presuntamente desviaba los fondos hacia una nómina millonaria
- El oncológico era utilizado para cirugías estéticas
Santo Domingo. – La reciente investigación sobre las presuntas irregularidades en el Instituto Oncológico del Cibao ha destapado una trama de corrupción, nepotismo y secuestro institucional, no obstante y más allá de los supuesto desfalcos financieros y las disputas por el control del patronato, la peor parte de este entramado recae sobre una población extremadamente vulnerable: los "pacientes oncológicos", cuyas vidas han sido puestas en riesgo por la mercantilización de su salud.
Las denuncias, que han salido a la luz pública, apuntan hacia la directiva encabezada por Héctor Antonio Lora Cruceta, su esposa Luisa Yasiris Guzmán y su ex exposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, revelan cómo la institución de salud fue convertida en un feudo familiar.
Para los pacientes, esto se ha traducido en un grave riesgo médico y las decisiones de la clínica dejaron de tomarse mediante el consenso de un consejo médico calificado y pasaron a ser órdenes unilaterales.
El presunto desplazamiento injustificado de la directora médica Naly Cruz y la colocación de familiares en áreas críticas de atención clínica como la farmacia, la medicina nuclear y la fisioterapia compromete la idoneidad y el rigor científico que requieren los delicados tratamientos contra el cáncer.
Extorsión farmacéutica y escasez inducida
Uno de los puntos más críticos que afecta directamente a los enfermos es el manejo de los medicamentos. Una investigación realizada por el programa "Reporte especial" señala la supuesta creación de una organización paralela llamada "Tócate RD", dirigida por Luisa Yasiris Guzmán.
Aunque la fundación acoge gratuitamente a decenas de pacientes de escasos recursos durante sus tratamientos, operaría como fachada para un lucro mayor.
Esta organización paralela ejercía presión sobre los laboratorios médicos bajo la amenaza: "Si tú no me compras/vendes a nosotros, no te compramos".
Este tipo de coacción comercial en el área oncológica pone en peligro el abastecimiento, los precios y la libre disponibilidad de los fármacos vitales para las quimioterapias, afectando el bolsillo y el tiempo de respuesta médica de los enfermos.
Recursos desviados en lugar de mejor atención
Acorde con el cirujano oncólogo Juan Vila, una de las personas denunciantes, mientras los pacientes luchaban por sobrevivir al cáncer, la institución que debería protegerlos mantenía una nómina que supuestamente asciende a los "11 millones de pesos mensuales", distribuida entre familiares de Héctor Lora.
“Ahí hay mucha ganancia jugosa y es la familia, imagínate que tú tengas todos tus hijos, hijastro, sobrinos, en todos los cargos dirigenciales de la institución, estoy hablando de 11 millones de pesos mensuales de nómina que se paga. Yo quiero que la hagan pública, porque eso es una cosa que no debe estar escondida", manifestó energicamente Vila.
Estos fondos, que provienen en gran medida de donaciones y del pago de servicios, deberían estar destinados a la modernización de equipos, subsidio de medicinas y mejora en la atención hospitalaria.
El dolor del padecimiento se agravó con la cruda impotencia de sentirse como rehenes comerciales. "Esta institución todo se lo quieren ganar ellos, sé que es un negocio… y el que tiene cáncer solamente tiene esa opción", lamentó uno de los pacientes afectados, evidenciando el monopolio con el que se presume operaba la clínica.
Para la población enferma, el impacto de este supuesto fraude institucional es desgarrador debido a la falta de alternativas. Una de las fuentes en la investigación alega que los imputados manejaban un monopolio de la salud regional: "Todo se lo quieren ganar ellos, es un negocio… y el que tiene cáncer solamente tiene esa opción".
Operación Onco 14
El Ministerio Público solicitó este lunes que se impongan 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a los tres imputados del proceso por la afectación realizada en contra del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer que se aprovecharon del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), al sustraer, a través de diversas maniobras fraudulentas, fondos millonarios del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), en perjuicio de los pacientes de cáncer del régimen subsidiado y del Estado dominicano.
En la instancia depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, el Ministerio Público solicita que el caso sea declarado complejo y que se imponga la medida privativa de libertad contra de Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC.
También, contra Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta, y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Igualmente, contra Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupó la Vicepresidencia, y, a la vez, fungió como auditora interna y externa del patronato que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada ASFL.
La medida fue presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), representada por su titular Mirna Ortiz, conjuntamente con los procuradores generales de Corte de Apelación Héctor Joel García Acevedo y Quirsa Abreu Peña, titular interina de la Fiscalía de Santiago, y los procuradores fiscales Rosa Alba García, Yudelka Holguín Liz, Enmanuel Ramírez Sánchez, Alexis Piña Echavarría y Ernesto Guzmán Alberto.
Los imputados fueron arrestados durante la Operación Onco14, encabezada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago.
Los imputados y las razones sociales Vargas Lora & Asociados (hoy Vargas Guzmán Accounting Center) y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida sustrajeron los fondos mediante distintos mecanismos fraudulentos.
La investigación aborda hechos delictivos como el fraude clínico y farmacéutico mediante el cambio de indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsos, doble facturación al SeNaSa y la entrega incompleta de medicamentos.
Además, la prohibición de donaciones gratuitas de medicamentos, la venta de medicamentos donados, el contrabando con exoneraciones fiscales y el tráfico con sustancias controladas.
El oncológico era utilizado para cirugías estéticas
Asimismo, la utilización de habitaciones del oncológico para realizar cirugías estéticas, el gasto de representación ilegítimos y reembolsos fraudulentos de gastos en viajes y hoteles, así como sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.
La Operación Onco14 se ejecutó con la cooperación de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), llevando a la ocupación de dinero en efectivo, un arma de fuego, documentos, vehículos, título de propiedad, computadoras, celulares y DVR, entre otros.
El grupo deberá enfrentar cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito, código de acceso) y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.
El Ministerio Público explicó que Lora Cruceta fue escogido presidente del IORC el 9 de octubre de 2018 y, aunque los estatutos establecen que debía ocupar la posición por dos años, permaneció en la posición hasta el 6 de octubre de 2025.
La estructura fraudulenta contó, además, con la participación de otros empleados y relacionados, quienes actuaron de manera concertada con el propósito de sustraer fondos recaudados por el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, destinados a la atención médica de pacientes oncológicos asistidos en el IORC.
Tales actuaciones se realizaron en perjuicio del Estado dominicano y de los afiliados al SeNaSa, mediante la ejecución de diversas maniobras y modalidades fraudulentas.
El IORC, fundado en octubre de 1964, está bajo la administración del Patronato Cibaeño. La entidad se dedica a la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes con cáncer y enfermedades afines en toda la región del Cibao.
Mediante el acta de la Asamblea Ordinaria de fecha 09 de octubre de 2018, el imputado Héctor Antonio Lora Cruceta fue designado presidente de la Junta Directiva y del Patronato, mientras que la imputada Dilcia Isabel Vargas Sánchez fue designada vicepresidenta.
Las acciones descritas evidencian el interés del imputado Héctor Antonio Lora Cruceta por el control del IORC, solo con el propósito de disponer de sus recursos económicos y aprovechar las aportaciones estatales destinadas a tratamientos de pacientes afectados por el cáncer.
