Las tarifas de la mayoría de los servicios públicos tienen aunque sea un mínimo de regulación, en el entendido de que no pueden quedar a la expensa de la vocación rentista y hasta agiotista de comerciantes y empresarios.
Sólo para mencionar algunos ejemplos de productos y servicios en manos del sector privado citaremos los combustibles y la electricidad.
Son, sin dudas, productos y servicios fundamentales para el desarrollo de cualquier país.
Pero en un servicio tan fundamental como la educación, la participación empresarial privada anda por la libre y pareciera que tiene la potestad de hacer lo que le venga en ganas.
Un puñado de dueños de colegios privados trata de universalizar el cobro por adelantado de todo el año escolar, decisión que simplemente crearía una nueva crisis social y que vendría a empeorar el ya deteriorado sistema educativo dominicano.
El Estado tiene la obligación de establecer reglas claras para los empresarios que decidan hacer negocios con la educación.
Los colegios son una especie de concesionarios autorizados a brindar y cobrar por un servicio público.
En el caso de las autopistas, el Estado debe brindar ese servicio, decide permitir que empresas privadas incursionen en el área y cobren a los usuarios por ellos. Esa misma dinámica es con la que funcionan los colegios, por lo tanto, también debe haber una regulación en los precios, como ocurre con los peajes.
Se hace impostergable la aprobación de una ley adecuada que impida que los comerciantes de la educación sigan actuando como chivos sin ley en perjuicio de las familias.
