La palabra ética ha recorrido, como si se tratara de un conectivo sincronizado, todas las instituciones del Estado, con el fin de mostrar una alineación de objetivos con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, y que busca darle rostros confiables a las distintas comisiones de Ética Pública electas.
Dichas comisiones, de manera individual, y la coalición de todas, tienen una misión. Una misión que deberá convertirse en un compromiso diario, no ocasional o por una temporada. Muchas son electas por un periodo de tres años. La continuidad en el tiempo es importante, pero a la vez ese tiempo podría afectar el rigor de un trabajo de vigilancia si cae bajo el acomodo de la rutina.
Hay vasos comunicantes –en el que entran distintas dependencias–, que son necesarios en el quehacer diario. Articulan con departamentos claves: compra, tesorería, recursos humanos, jurídica, transparencia. Sobre todo, porque una comisión ética está concebida para la vigilancia interna, pero a la vez, para ofrecer mecanismos de contención preventivos. O sea, tiene que vigilar para que no haya la más mínima posibilidad de delito ético u ocultamiento, por vía de la asociación.
Una tarea muy difícil tomando en cuenta el comportamiento del Estado en materia presupuestaria. Donde todas las carteras, alcaldías e institutos descentralizados, tienen departamentos de compra y hacen pagos significativos por servicios y bienes adquiridos. De manera que para ese trabajo, independientemente de la idoneidad, tiene que primar la inamovilidad laboral, que garantice la seguridad necesaria de un escuadrón de vigilantes éticos escogidos para lidiar con los grandes males que se ven a diario a lo interno de las instituciones del Estado, sin esta condición solo serán comisionados nominales, pero no tendrán una verdadera e inquebrantable libertad de acción.
