Flavio Dario Espinal, consultor jurídico de Poder Ejecutivo.
SANTO DOMINGO.- La Comisión designada por el presidente Danilo Medina para investigar la compraventa de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) recomendó que una nueva dirección ejecutiva de dicha institución emprenda los futuros cambios que esta entidad requiere para superar las debilidades institucionales y gerenciales.
Asimismo, que a la luz de los acontecimientos ocurridos en San Pedro de Macorís y otras denuncias recibidas por la comisión en esa demarcación, la nueva dirección ejecutiva del CEA proceda a sustituir la gerencia de la Región Este y tome el control de la misma hasta instalar un nuevo personal que asuma la tarea de abordar los «múltiples y graves» problemas que afectan a la región en lo que respecta a las operaciones de compra y venta de terrenos de dicha institución .
Propuso además, que la nueva dirección ejecutiva apoye de manera irrestricta los trabajos que desarrolla la Comisión Evaluadora de los Terrenos del CEA, creada mediante el decreto número 268-16, y que esta última intervenga las direcciones inmobiliarias, técnica, financiera, administrativa, jurídica y comercial, así como las gerencias regionales hasta tanto dicha comisión concluya los trabajos que le fueron instruidos.
«Para tales fines, recomendamos que la nueva dirección ejecutiva del CEA designe nuevos titulares en las gerencias inmobiliarias, y oficinas satélites de las zonas Este, Boca Chica y Hato Nuevo», expresó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo Flavio Darío Espinal, presidente de la Comisión, al leer el informe durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional.
Además recomendó que la Comisión Evaluadora de los Terrenos del CEA intervenga la Gerencia de Créditos y Cobros para mejorar y aumentar las cobranzas pendientes, «las cuales deben hacerse de manera oportuna, efectiva, universal y transparente.
También sugirió que la nueva dirección ejecutiva del CEA, bajo las orientaciones del Órgano Rector de la Función Pública, evalúe exhaustivamente el desempeño del personal directivo y no directivo de las mencionadas áreas críticas de la institución para determinar los niveles de deficiencia con las que operan y aplicar las medidas administrativas que correspondan.
» Que se lleve a cabo una depuración rigurosa de la nómina del CEA por parte de la Contraloría General de la República, a fin de que la misma pueda ser saneada y llevada a niveles razonables. Una vez saneada la nómina, asignar una partida presupuestaria para el pago de los empleados del CEA y los gastos operativos institucionales para que dichas erogaciones no dependan de la venta de terrenos y/o el cobro de dinero por concepto de ventas realizadas», precisó.
Igualmente que la nueva dirección ejecutiva, en coordinación con la Comisión Evaluadora de los Terrenos del CEA, considere la pertinencia de rescindir los contratos de ventas de terrenos que aún no hayan sido formalizados con los interesados.
Otra sugerencia es otorgarle una extensión de seis meses a la Comisión Evaluadora de los Terrenos del CEA para concluir el inventario de los terrenos de esta institución dada la complejidad del mismo, tomando en cuenta que se trata de una institución con innumerables deficiencias gerenciales, administrativas, técnicas y de otra índole.
«Que la nueva dirección ejecutiva del CEA rinda un informe al presidente de la República, en un plazo no mayor de seis (6) meses, con sus conclusiones y recomendaciones sobre cuál debe ser la nueva misión institucional del CEA, para la cual se deberá elaborar el correspondiente proyecto de ley», señala el informe.
Propuso que este Informe se remita al Ministerio Público para que determine si en estas operaciones de ventas de terrenos y/o en los hechos que desencadenaron las mismas quedó comprometida la responsabilidad penal de cualquier actor público o privado que, directamente o no, haya intervenido, en la misma.
La comisión fue designada por el presidente Danilo Medina a raís de los hechos ocurridos los días 14 y 15 de febrero de este año en la provincia San Pedro de Macorís, en los que un hombre ultimó a los locutores Leo Martinez y Luis Manuel Medina e hirió a una secretaria cuando laboraban en la emisora 103.5. FM. Un día después el agresor, José Rodríguez, se suicidó.
De acuerdo a la Comisión, estos hechos estuvieron directamente vinculados con las operaciones de compraventa de tres porciones de terrenos realizadas entre el CEA y José Rodríguez, sin embargo enfatizó que no hay constancia alguna de que los locutores Leo Martinez y Luis Manuel Medina, ni ninguno de sus familiares, tuvieran el más mínimo interés en los terrenos que habían sido otorgados a Rodríguez.
«Tampoco hay información que avale que dichos señores despojaron de dinero o de cualquier otro bien del señor Rodriguez «, sostuvo.
La Comisión está integrada por Flavio Dario Espinal, consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, quien la preside, José Dantés Diaz , director ejecutivo de la Comisión permanente de Titulación de Terrenos del Estado y Lidio Cadet, director de Ética e Integridad Gubernamental.
