La situación de los derechos humanos en la República Dominicana es particularmente grave; la participación en violaciones de derechos humanos de la Policía Nacional es sistemática; la justicia penal genera más violencia e inseguridad urbana que los mimos individuos.

La prueba del presente es el informe de la Defensoría Pública, en materia de la prisión preventiva: una verdadera calamidad. ¿Cómo es posible, un país tan chiquito?, ¿cuánta venganza hacia el hombre del encierro? Se recalca el hecho innegable de que los policías no tienen el adiestramiento necesario para manejar la situación de violencia, y el sistema de justicia penal se encarga de reproducir erróneamente la tarea de la violencia.

Pero hay que enderezar el tobogán de las mal llamadas comisiones de derechos humanos en nuestro pobre país, que no tienen una gran cultura en la materia de los derechos humanos.

Los comités/comisiones derivados de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, así como los denominados órganos de tratados, tienen relación con la INDH; nosotros, que tenemos 6 agencias autoproclamadas como comisiones de derechos humanos, y la verdad sea dicha, ningunas están acreditadas por ante el Poder Ejecutivo (aunque sí como ONG). La Comisión Nacional de Derechos Humanos de la República Dominicana no es un organismo adscrito a un órgano internacional.

Esta surgió como una organización no gubernamental (ONG), sin fines de lucro, fundada en 1987 e incorporada mediante decreto dado por el Poder Ejecutivo núm. 184-95 de fecha 15 de agosto de 1995.

Es por eso, que desde esta fecha ningún alto comisionado de las Naciones se ha involucrado con las violaciones de derechos humanos que hemos tenido.

Y nadie sabrá de nosotros, porque no estamos registrados en la ONU, ni en la OEA. Obviamente, la Carta de la ONU acoge y reconoce el compromiso asumido por un Estado miembro, sin que seamos signatarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Porque la realidad es que las verdaderas instituciones de derechos humanos se acreditan por un comité que trabaja de manera coordinada con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, siempre y cuando cumpla con los Principios de París (autonomía, independencia, presupuesto suficiente, eficiencia y eficacia en su desempeño). Y como se ha dicho más arriba, deberá pertenecer al Comité Internacional de Derechos Humanos.

Según el doctor Raúl Plascencia, un amigo y exdirectivo de una comisión de derechos humanos en México, indica que “el régimen de las comisiones de derechos humanos, establece la posibilidad de que en los países con un régimen republicano-federal puedan existir instituciones locales e instituciones nacionales de derechos humanos”.

Pero lo verdaderamente importante es que un país sólo puede tener una Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Es el alto comisionado para los Derechos Humanos el funcionario principal de derechos humanos de las Naciones Unidas.

Este organismo responde ante el secretario general y se ocupa de todas las actividades del ACNUDH, así como de su administración.

Desde el 20 de diciembre de 1993, mediante Resolución 48/141 y las resoluciones posteriores de los órganos políticos desempeña las funciones que le asignó específicamente la Asamblea General. Actualmente Volker Türk, procedente de Austria, es el actual alto comisionado para los Derechos Humanos, y tomó posesión de su cargo el 17 de octubre de 2022.

En fin, no existe una Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditada en el país por las Naciones Unidas; existe como una organización de ONG.
¿Cómo resolver la situación? El primer paso es abrir el debate.