Comisión Ambiental de la UASD pide llevar a todo el país operativos contra construcciones ilegales en ríos
- respaldó la intervención de dos edificaciones levantadas irregularmente dentro de la franja de protección del río Maimón
Santo Domingo.- La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CAUASD) respaldó la intervención de dos edificaciones levantadas irregularmente dentro de la franja de protección del río Maimón y reclamó que este tipo de acciones deje de ser aislado para convertirse en una política permanente en todos los ríos y cuencas de República Dominicana.
La entidad consideró correcta y necesaria la actuación realizada por la Dirección de Fiscalización Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el apoyo del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), en el distrito municipal Juan Adrián, provincia Monseñor Nouel.
Sin embargo, advirtió que el verdadero impacto de la medida dependerá de que las autoridades mantengan ese mismo criterio ante situaciones similares en cualquier punto del territorio nacional.
“Una actuación correcta debe convertirse en una conducta institucional continua, permanente, verificable y extendida a toda la geografía nacional”, planteó la Comisión.
La CAUASD recordó que constantemente se producen denuncias relacionadas con ocupaciones de riberas, extracción irregular de agregados, tala y quema, contaminación de ríos, destrucción de humedales y afectación de áreas protegidas.
A juicio de la entidad universitaria, estas prácticas están deteriorando progresivamente el territorio y poniendo en riesgo tanto los recursos naturales como las condiciones de vida de numerosas comunidades.
“La ley debe aplicarse con el mismo rigor frente a cada infracción, en cualquier lugar y sin privilegios ni selectividad”, sostuvo.
Pide que responsables sean llevados ante la justicia
La Comisión Ambiental advirtió que paralizar, intervenir o incluso demoler una construcción ilegal no es suficiente para completar el proceso de protección ambiental.
Entiende que después de una intervención las autoridades deben identificar a los responsables, preservar las evidencias, determinar la magnitud del daño ambiental y establecer las medidas necesarias para restaurar las zonas afectadas.
También plantea la aplicación de las sanciones administrativas correspondientes y el envío de los expedientes a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales cuando existan indicios de delitos.
La organización fue particularmente enfática respecto a las construcciones realizadas deliberadamente dentro de las franjas de protección de los ríos.
“En situaciones que incluyan ocupación deliberada de la franja ribereña, reincidencia o desacato a órdenes previas de paralización, el sometimiento a la justicia resulta esencial”, señaló.
Advirtió que cuando una violación ambiental no termina en investigación, reparación y sanción, los infractores pueden comenzar a considerar las consecuencias como un riesgo asumible.
Por esa razón, reclamó establecer un verdadero régimen de consecuencias que alcance no solamente a quienes ejecuten directamente los daños, sino también a quienes los autoricen, faciliten, encubran o toleren.
Los 30 metros no son suficientes para proteger un río
La CAUASD llamó además la atención sobre un aspecto que considera fundamental para la conservación de los recursos hídricos.
Explicó que la protección de los ríos no puede limitarse exclusivamente al cauce visible ni a los 30 metros de franja establecidos por el artículo 129 de la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00.
Según la Comisión, esa distancia constituye un mínimo establecido legalmente, pero no representa la verdadera frontera ecológica de un río.
La conservación debe abarcar también las montañas donde nacen las corrientes, los bosques, nacientes, afluentes, humedales y zonas de recarga hídrica que alimentan las cuencas.
“Sin cuencas sanas no tendremos ríos sanos ni seguridad hídrica”, advirtió.
La entidad recordó que los artículos 15, 66 y 67 de la Constitución, junto con la Ley 64-00, establecen responsabilidades del Estado en materia de protección, prevención, control y restauración de los recursos naturales.
Llama a ciudadanos a vigilar los ríos
La Comisión Ambiental de la UASD también pidió una mayor participación de las comunidades en la vigilancia de los recursos naturales.
Instó a ciudadanos, universidades, organizaciones ambientales, juntas de vecinos y gobiernos locales a documentar y denunciar las agresiones ambientales y, especialmente, a dar seguimiento a los casos después de que sean conocidos públicamente.
La entidad entiende que la vigilancia ciudadana debe procurar que las intervenciones anunciadas por las autoridades no terminen únicamente con una paralización temporal, sino que produzcan restauración de las zonas afectadas y sanciones proporcionales a los daños ocasionados.
“Defender el agua no puede ser una reacción episódica ni una sucesión de operativos sin continuidad”, manifestó.
Para la CAUASD, la protección de los ríos y sus cuencas debe convertirse en una política permanente del Estado, aplicada de manera transparente y sin diferencias territoriales.
La organización sostiene que recuperar las riberas, conservar integralmente las cuencas y garantizar consecuencias frente a las violaciones ambientales constituye una cuestión directamente vinculada con la seguridad hídrica y el futuro de República Dominicana.
