Santo Domingo.-La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) anunció que desde el mes de noviembre iniciarán una serie de paros escalonados en todo el país por los malos tratos y la persecución que aseguran tiene la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Así lo anunció el presidente de la entidad, Iván de Jesús García, al concluir una reunión del pleno nacional de dirigentes.

Precisó que los paros iniciarán a partir de la segunda semana del mes próximo, por la región Sur, hasta completar toda la geografía nacional.

Especificó que esos paros escalonados se extenderán por todos los pueblos del país, tal “como lo hicimos en los año 2013 y 2014”.

El dirigente comercial aseguró que esos paros solo se detienen si cesan “los abusos que está realizando la Dirección General de Impuestos Internos”.

“Nosotros, como FDC, estamos mostrando una gran preocupación y estamos llamando la atención a las autoridades del superior Gobierno de la República por los maltratos que está realizando al comercio la DGII”, agregó.

Al preguntársele cuántos comercios clausuraron las autoridades dijo que “tres comercios en San Juan y dos en Baní”.
Aseguró que las empresas comerciales afectadas están al día en el pago de impuestos ante la DGII.

De Jesús García dijo que las causas de la alegada persecución de la Dirección de Impuestos Internos son “las multas que han puesto por impresoras fiscales y que nosotros, como FDC, y los comerciantes han colocado los recursos ante estas multas que van entre los RD$25,000 y RD$92,000”.

Violan derecho

De Jesús García afirmó que la DGII viola el derecho a la defensa de sus asociados con el cierre de los comercios que son multados y apelan ese tipo de sanción ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA).

Sostuvo que la DGII no puede cobrar las multas hasta tanto el tribunal no emita un fallo definitivo.

Explicó que las autoridades alegan que el cierre de los negocios se produce por fallos en el sistema.

Caso Ladom

En la reunión de la FDC participó la empresa Lácteos Dominicanos (Ladom), la cual a través de su abogado Ángel Lockward denunció que el Gobierno desacata una sentencia que le ordena darle participación en las importaciones de leche.