Los legisladores aprobaron la Ley de Partidos sin hacer caso a la JCE. ARCHIVO
SANTO DOMINGO.-La recién promulgada Ley de Partidos Políticos busca imponer controles a los contenidos de las redes sociales bajo la inclusión de sanción de prisión para evitar que éstas sean utilizadas para divulgar los aspectos negativos de los candidatos en los procesos internos de los partidos.
Los legisladores incluyeron en la pieza legislativa que «la difusión de mensajes negativos a través de redes sociales que empañen la imagen de los candidatos será sancionada conforme a los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre crímenes de alta tecnología».
Resulta que esos dos artículos de la Ley 53-07 se refieren a la difamación y la injuria por medios electrónicos e impone sanciones que van de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a 500 salarios mínimos.
Por tanto, la Ley Electoral iguala los mensajes negativos a la difamación e injuria en cuanto a las penas imponibles.
El legislador no definió en la ley la campaña negativa, pero en toda la literatura de marketing político se tiene la campaña negativa como la puesta en público de las debilidades, deficiencias o fallas de un candidato, que es distinto a lo que se conoce como campaña sucia.
Una especialista
La especialista en teorías políticas, la salvadoreña Virginia García Beaudoux, planteó en un seminario auspiciado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el órgano electoral de México que la “campaña negativa es una estrategia de comunicación política que más que ocuparse de remarcar las virtudes de un candidato o partido, apunta a resaltar los defectos del adversario y todo lo negativo que representa el oponente».
En cambio la campaña sucia se sustenta en la divulgación de falsedades y por eso es que pueden entrar en el campo de la difamación y la injuria, pero la Ley de Partidos Políticos dominicana penaliza con prisión los «mensajes negativos» a través de las redes sociales, lo que constituye en un instrumento de persecución contra quienes destaquen los aspectos negativos de un candidato a través de las redes sociales.
Los legisladores demuestran que no distinguen bien los dos conceptos y también que su intención es intimidar.
El diputado de ultramar, Marcos Cross expresó que la ley viene a poner sanciones y se queja de que «cualquiera puede accionar en contra de un dirigente político sin valorar el daño que puedan hacerle a esa persona, sea verdad o mentira».
En tanto que el también legislador oficialista, Henry Merán, dijo al ser consultado por EL DÍA que con esa disposición se busca hacer respetar el derecho al buen nombre y a la dignidad de las personas.
Resulta evidente que los legisladores consultados se refieren a temas de difamación e injurias en sus opiniones, pero lo que aprobaron en la Ley de Partidos se refiere a «mensajes negativos», no a «campañas sucias».
Jurista Laura Acosta
La abogada Laura Acosta explica que «en campaña no se puede prohibir los mensajes negativos, precisamente porque se trata de una campaña política, donde cada cual dice lo negativo del otro. Una cosa muy distinta es la difamación o la injuria».
La jurista se preguntó “¿qué se pretende en una campaña, que los adversarios solo digan que es una maravilla? En las campañas los adversarios dicen cuáles son las cosas negativas del otro candidato?”
La medida contenida en la Ley de Partidos se suma a otras cuatro legislaciones vigentes que castigan con prisión las ofensas de palabras, en contraposición a lo que han planteado organismos internacionales y nacionales de prensa.
