La declaración realizada este martes es parte de la investigación criminal que se sigue en contra de Uribe por presunto fraude procesal y sobornos.
Tras una indagatoria que duró siete horas, Álvaro Uribe se convirtió en el primer exmandatario colombiano que rinde una declaración judicial ante la Corte Suprema de Justicia.
La declaración realizada este martes es parte de la investigación criminal que se sigue en su contra por presunto fraude procesal y compra de testigos.
Al final la Corte se mostró categórica y anunció que Uribe queda «formalmente vinculado al proceso».
Esto significa que el caso continúa y ahora la Corte comenzará a reunir pruebas para tomar una decisión sobre si se archiva el proceso o si hay suficientes elementos para llevar a juicio al expresidente colombiano.
Además de continuar el proceso en su contra, los magistrados también podrían decidir ordenar la detención del ahora senador.
De ser llevado a juicio y encontrado culpable, podría enfrentarse a una pena de entre seis y ocho años de cárcel.
Mientras se realizaba la declaración indagatoria manifestantes a favor y contra del exmandatario se expresaban afuera de las instalaciones con consignas y coros.
Uribe no solamente es senador y fundador del partido gobernante Centro Democrático, sino que es el político colombiano más popular del último medio siglo. Su destino deja indiferentes a muy pocos: mientras medio país lo venera, la otra mitad parece detestarlo.
Por si fuera poco, el proceso incluye numerosos elementos controversiales, como el hecho de que la mayor parte de los testigos son criminales convictos, algunos de los cuales se han contradicho de sus propias declaraciones; y que se han usado grabaciones telefónicas cuya legalidad está puesta en duda.
Pero, ¿en qué consiste este histórico proceso?
Denunciante enjuiciado
El caso se inició con una paradoja.
Todo empezó en septiembre de 2014, cuando, durante un debate en el Congreso, el senador Iván Cepeda, del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo, acusó a Uribe de tener nexos con grupos paramilitares y de narcotraficantes. Para apoyar su acusaciones, presentó varios testimonios de antiguos paramilitares.
Concretamente, señalaba a Álvaro Uribe de haber fundado, junto a su hermano Santiago, al Bloque Metro, una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Santiago Uribe Vélez, hermano menor del expresidente, se encuentra arrestado y en medio de un juicio por la creación de otro grupo paramilitar llamado los Doce Apóstoles.
En respuesta al debate en el senado, el exmandatario demandó a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, acusándolo de buscar en las prisiones colombianas a antiguos paramilitares, con el objetivo de que sirvieran como falsos testigos en su contra.
El caso fue radicado en la Corte Suprema que, durante varios años lo investigó (declararon tanto Uribe como Cepeda, así como a todos los testigos implicados) hasta que, en 2018, desechó las acusaciones contra Cepeda y, sorpresivamente, abrió una investigación formal contra Álvaro Uribe por manipulación de testigos, lo que conllevaba los delitos de soborno y fraude procesal.
Convictos y contradictorios
El caso cuenta con 42 testigos, muchos de ellos exparamilitares que se encuentran en prisión. Uno de los principales es Juan Guillermo Monsalve, antiguo miembro del Bloque Metro de las AUC, quien cumple una condena de 40 años en una cárcel de Bogotá.
Monsalve fue uno de los testigos que utilizó el senador Cepeda para sustentar sus acusaciones contra Álvaro Uribe.
Testificó que en una hacienda de propiedad de la familia del expresidente en Antioquia -en la que vivió- se planificaron unas matanzas que luego fueron ejecutadas por estos grupos al margen de la ley.
Sin embargo, Monsalve posteriormente escribió una carta en la que se retractaba de estas afirmaciones, aunque después dijo que su cambio de postura fue adoptado «bajo presión».
Y aquí entra otro de los personajes claves del caso: Diego Cadena, uno de los abogados de Álvaro Uribe. Tanto Monsalve como otros testigos aseguran que Cadena los presionó o pagó para modificar sus testimonios.
De hecho, Monsalve asegura tener una grabación del momento en que el abogado de Uribe lo presionó.
Varios de los testigos han asegurado haber recibido dinero por parte de Cadena. El abogado ha reconocido haber entregado pequeñas ayudas en dinero a algunos de los presos como «ayuda humanitaria».
Escuchas telefónicas
Una crítica del uribismo reside en que parte de las evidencias admitidas por la Corte como prueba son varias horas de grabaciones hechas por las autoridades de conversaciones telefónicas del expresidente Uribe de forma «accidental» durante el curso de otra investigación.
Según la versión oficial, mientras el Cuerpo Técnico de Investigación (la policía judicial) trabajaba en un caso sobre un excongresista interceptaron varios teléfonos y solamente después de llevar un mes grabando se dieron cuenta de que una de esas líneas pertenecía a Uribe.
Los intentos de la defensa por lograr que esas grabaciones no sean incorporadas al proceso han sido infructuosos.
Álvaro Uribe ha dicho en diferentes ocasiones que el proceso en su contra tiene motivaciones políticas y numerosas irregularidades.
Además, ha cuestionado que la Corte Suprema, antes de llamarlo a indagatoria no haya aceptado la declaración libre y voluntaria que sobre el caso él ofreció hacer.
En la actualidad existen casi 60 investigaciones abiertas en Colombia contra Álvaro Uribe, que van desde homicidio hasta compra de votos. Catorce se encuentran en la Corte Suprema y otros 45 en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
Tomado de BBC MUNDO