El Día 
SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana sometió a la justicia a la Oficina Nacional de la Defensa Pública y su directora Laura Hernández, por incurrir en violaciones a la Ley y la Constitución de la República.
Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, en compañía de varios juristas depositó un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo en contra de dicha entidad y su directora para que cesen las prácticas calificadas como ilegales.
Surun Hernández denunció que la Oficina Nacional de Defensa Pública ha cometido graves irregularidades al ofrecer servicios a personas adineradas provocando competencia desleal en perjuicio del ejercicio privado del Derecho.
Explicó que con estas acciones dicha oficina viola el artículo 43 la Ley 277-04 de Defensa Pública, el artículo 11 de la Ley 821 de Organización Judicial y la Constitución de la República.
“Tenemos pruebas contundentes que avalan nuestra acción legal sobre varios casos en los que defensores públicos representan a personas adineradas afectando el ejercicio privado de la abogacía y a las personas de escasos recursos que necesitan el servicio. Tenemos informes de defensores públicos que manejan hasta 700 casos en perjuicio de los usuarios y uno de los acusados de los Super Tucano fue defendido por la defensa pública”, expresó el gremialista.
También hemos recibido denuncias de que personas adineradas reciben mayor y mejor atención que los demás, así como de cobros y sobornos por parte defensores públicos.
El presidente del CARD, informó que intensificará la lucha en busca del cese inmediato de las medidas discriminatorias contra el ejercicio de la abogacía privada, para que se garantice la igualdad de acceso, de acuerdos, del trato de los abogados públicos y privados a los tribunales, jueces, fiscales, cárceles, destacamentos y entes públicos.
También por el establecimiento del sistema y registro de defensores adscritos en coordinación con el Colegio de Abogados dedicado a asignar los casos de imputados solventes, donde ocurran abandonos y renuncia de defensa, para que sean distribuidos entre abogados privados en virtud del artículo 43 de la Ley 277-04 de Defensa Pública.
Asimismo buscamos el establecimiento de un límite de 80 casos por defensores públicos, para que los restantes sean distribuidos entre defensores adscritos privados.
Además solicitamos el cese del uso de toga especial con verde por parte de defensores públicos por ser violatoria al artículo 11 de la Ley 821 de Organización Judicial, de forma tal que todos los abogados postulen en estrados sin distinción alguna. Igualmente procuramos el establecimiento un sistema de puntaje especial para que en los concursos para ascensos y posiciones de dirección y coordinación, sean preferidos los aspirantes que residan en la localidad, por encima de los foráneos.
