SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), denunció que el Consejo Económico y Social le rechazó su participación en el Diálogo Nacional a pesar de que dentro de las 13 reformas se encuentran la modificación de la Constitución y varios aspectos del sector justicia.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, calificó como insólito que el gremio que representa a más de 70 mil abogados a nivel nacional no sea tomado en cuenta para discutir las reformas en el sector justicia como son la modificación Constitucional y siete puntos dentro de la misma.
Surun Hernández dijo que también resulta cuestionable que además del Gobierno, los miembros del Consejo Económico y Social (CES) y representantes de los 12 partidos políticos con representación en el Congreso Nacional, también asistieran algunos representantes de la sociedad civil y no le permitieran el acceso al Colegio de Abogados de RD, en violación de su propia ley.
El presidente del CARD recordó que el artículo V, acápite 8 de la Ley 142-15 que instituye el Consejo Económico y Social autoriza la participación de 15 representantes de las organizaciones sociales, incluyendo a las iglesias, instituciones académicas y organizaciones comunitarias, entre otras, cuyos requisitos para participar son la realización de una Asamblea Electiva que el Colegio de Abogados realizó en diciembre pasado legitimando al actual Presidente y que se solicite la participación formalmente por escrito al Diálogo Nacional, requisitos que fueron cumplidos por el gremio.
Asimismo recordó que la Ley 3-19 que crea el Colegio de Abogados de RD faculta a su Presidente a actuar en la defensa irrestricta de los intereses de los abogados, de la administración de Justicia y del Estado de Derecho.
El gremialista explicó que “la propuesta de modificación de la Reforma Constitucional incluye cambios en la función del Ministerio Público y del Procurador General de la República, en la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, en la selección de los jueces de las altas cortes y del poder judicial, modificación en el proceso de formación de leyes, control de los fondos públicos y otros temas; todos de nuestra competencia por lo que no entendemos la prohibición de nuestra participación”.
Agregó que “Solicitamos por escrito el pasado lunes enviada a Rafael Toribio, presidente del Consejo Económico y Social y coordinador del Diálogo que permite nuestra participación para poder aportar sobre estos temas que inciden directamente en la labor de los juristas, pero la petición fue rechazada, por lo que solicitamos nuevamente y de manera pública al señor Toribio que nos permita la participación cuando se vayan a tratar temas relativos al sector justicia”.
