El Día 
Presidente del gremio Miguel Surún Hernández.
SANTO DOMINGO.– El Colegio de Abogados de República Dominicana hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia y al Consejo del Poder Judicial a garantizar la efectividad de la Jurisdicción Administrativa a nivel nacional y preservarla en cumplimiento de la Constitución de la República Dominicana que consagra la obligatoriedad de los Tribunales Administrativos de primera instancia.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, solicitó el respeto a la especialización de los jueces que la conforman y evitar traslados innecesarios o injustificados, alegando que la carrera del Poder Judicial los prohíbe, ya que los mismos crean distorsiones del sistema de justicia administrativa y de la imagen del Poder judicial.
«Siempre se tiene el temor que los traslados y movimientos se produzcan por presiones de algunas oficinas privadas que quieren controlar la jurisdicción administrativa a los fines de poder tener el control de todas y cada una de las decisiones», expresó Surun Hernández.
Lamentó que el Consejo del Poder Judicial haya trasladado a tres jueces de ese importante Tribunal sin dar ninguna explicación alguna, a contra de las disposiciones de la Ley de Carrera Judicial No. 327-98 y de la Constitución de la República, lo que podría calificarse como un desmembramiento de esa importante jurisdicción de garantía de derechos y legalidad.
Explicó que las garantías de inamovilidad de los jueces son fundamentales para la administración de justicia independiente, al menos que haya razones justificadas.
Agregó que «sería contraproducente que se permita que oficinas privadas con intereses espurios logren establecer un control hermético en dicha jurisdicción a través de presiones que puedan desembocar en el traslado de algunos magistrados».
El presidente del CARD hizo un llamado al Poder Judicial, a la sociedad civil y a todos los actores involucrados para que luchemos por una justicia eficaz, objetiva e independiente no solo de influencias provenientes del Estado sino de actores económicos que, enmascarados en supuestas olas de avance, puedan lograr poner sus garras en esa jurisdicción para beneficios particular y de sus clientes, lo cual pondría en grave riesgo la seguridad jurídica de República Dominicana.
Recordó que la justicia administrativa es la puerta de entrada de los derechos fundamentales de los ciudadanos, porque es la encargada de garantizar la vigencia plena de dichos derechos ante cualquier situación del Estado dominicano contra los particulares.
