Los regímenes, no importa cuales modelos sean, son los que ostentan las medidas de coerción para imponer el orden establecido o, mejor dicho, son los dueños del monopolio de la violencia de toda la sociedad nacional, la que garantiza el dominio de una clase gobernante y de la independencia. El Estado ejerce este poder con sus fuerzas policiales, militares y de investigación.

Ahora bien, bajo la mirada del contrato social, esa fuerza más que ofender, debe ser utilizada para mantener la sociedad unificada, protegida y construyendo la paz y el bienestar día a día.

El gobierno, el cual tiene la función de administrar el Estado, está en la obligación de gerenciar el poder con prudencia, pero con firmeza, ganándose la autoridad, confianza y respeto de la sociedad, mostrando los músculos: el monopolio de la violencia y la coerción.

El Estado debe contar con instituciones con la capacidad y la calidad requerida para ejercer sus funciones con inclusión, donde el trato a los ciudadanos sea bajo el régimen legítimo de la ley, de tal manera que sea reconocido el trato igualitario a los demandantes de sus servicios, y que así lo vean, lo contacten y lo perciban los ciudadanos.

¿Qué pasa cuando los poderes del Estado están trasgrediendo las leyes, cuando no son exquisitos y transparentes con el uso de sus obligaciones y deberes ante los ciudadanos? Que pierden la autoridad.

Pues, es lo que nos preocupa a muchos dominicanos, la repetición con que individuos ofenden y agreden a las fuerzas del orden, pero también con la facilidad que se cargan las leyes. Porque las instituciones pertinentes están violentando sus reglas para afectar a ciudadanos, grupos o comunidades, perdiendo así la autoridad para hacer cumplir las normas que rigen el comportamiento social.

Por otro lado, estamos motivando a los más propensos al delito a entrar en el mundo de lo ilícito, porque la falta de autoridad lleva a las instituciones a no tener claros sus deberes, desviándose y convirtiéndose en aliados y cómplices de los transgresores. Con lo que el país pierde terreno en el combate de la delincuencia que se adueña de las vidas de los vecinos en cualquier localidad. Y no hablemos del tránsito, donde pasamos las de Caín.

Dos aspectos confirman todo lo expresado mas arriba: Los muertos en enfrentamientos de bandas en Villa Mella, las declaraciones del ministro de Interior y Policía sobre su responsabilidad, y el suceso del alcalde de la comunidad del Aguacate con el agente de la DIGESETT, donde el primero salió herido de un balazo.

Esto obliga al gobierno, la sociedad civil, los empresarios, los partidos políticos, a unificar criterio y acciones para cambiar de rumbo, para preservar la paz social que necesitamos para seguir desarrollándonos con equidad.