VIENA.-Chile se ha convertido, junto a Brasil y Colombia, “en uno de los principales países de salida de la cocaína incautada en Valencia y Algeciras (España)”, dos importantes entradas de la droga en Europa, resaltó ayer la ONU en Viena.

“El tráfico de drogas, en particular de clorhidrato de cocaína, por vía marítima desde los puertos de Chile hacia Europa, ha seguido aumentando” en los últimos años, indica el informe anual de 2019 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) sobre la situación de las drogas a nivel mundial.

El documento recuerda las grandes incautaciones de clorhidrato de cocaína (cocaína en polvo) que hubo en 2018 en Colombia (414,5 toneladas) Venezuela (35,5), Perú (19,5), Bolivia (18,1), Chile (3,7) o Uruguay (0,6).

“Esa droga sigue transportándose desde Colombia principalmente por mar” con “lanchas rápidas, embarcaciones sumergibles y semisumergibles, vehículos submarinos no tripulados y boyas equipadas con dispositivos de localización por satélite”, explica la JIFE.

Desde Colombia

El informe indica, además, que desde Colombia sale la base de coca para transformarla fuera del país, “hecho que corroboran las incautaciones de esa sustancia” en aguas internacionales y en otros países de la región, como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

El narcotráfico, junto al fácil acceso a las armas de fuego, constituye una seria amenaza para la estabilidad en América del Sur, señala este organismo independiente dentro del sistema de Naciones Unidas.

“Los problemas vinculados a la producción, el tráfico ilícito y el consumo de drogas han seguido afectando negativamente la calidad de vida de la población de la región, generando inseguridad y violencia”, indica la JIFE, que recuerda que los asesinatos con armas de fuego son mucho más frecuentes que en otras partes del mundo.

En Colombia, las plantaciones ilícitas de arbusto de coca totalizaron 169.000 hectáreas en 2018.

Los males asociados

— Corrupción
La ONU plantea que el narcotráfico y la violencia promueven la corrupción y el blanqueo de dinero, afectan negativamente a la gobernanza y a las instituciones estatales, y tienden a generar una mayor exclusión social.