SANTO DOMINGO.- La Coalición de ONGs de Infancia expresó su consternación y rechazo total a los intentos de eliminación de las fiscalías especializadas (jurisdicciones especializadas) para fusionarlas con las jurisdicciones ordinarias, con el alegato de falta de recursos.
La red de la Sociedad Civil que agrupa a más de 35 organizaciones nacionales e internacionales que trabajan por la defensa de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes considero como algo insólito y que llama a preocupación por el retroceso que representaría esta acción luego de los grandes avances que, en materia de protección y garantía de derechos fundamentales para la niñez dominicana, hemos logrado.
Con la firma y ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, la República Dominicana se comprometió a dar cumplimiento a todas las medidas contenidas en este instrumento internacional y a la rendición de informes periódicos; se comprometió, además, con la gestión de los recursos para garantizar los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
El Comité de los Derechos del Niño, en reiteradas ocasiones, ha expresado su preocupación al país, por la lentitud con la que se crean las estructuras administrativas contempladas en la Ley 136-03 en todos los niveles, de manera especial en el plano municipal y local, recomendando la adopción de todas las medidas de lugar, y “velar para que otras reformas legislativas no menoscaben la protección de los niños y niñas obtenidas en la Ley 136-03”, exhortando a que los principios establecidos en ella se tengan plenamente en cuenta en todas las demás leyes que les afecten.
El servicio que prestan las jurisdicciones especializadas de niños, niñas y adolescentes, ha sido una de las mejores contribuciones al Sistema de Protección, dada la inversión en sensibilización, desarrollo de competencias, conformación de estructuras, cuidado de la privacidad de las personas que reciben el servicio, seguimiento sistemático, crecimiento continuo, entre otros aspectos humanos y logísticos.
De no existir dichas jurisdicciones, la niñez y adolescencia volverían a ser invisibles en la especialización, en la atención, en la prevención, en la sanción, referencia y contrarreferencia; de esta manera, el Estado Dominicano entraría en contradicción con el contenido del artículo 40, inciso 3 de la Convención de los Derechos del Niño, que manda “la promoción y el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños…” .
Es pertinente resaltar que, especialmente en el caso de adolescentes en conflicto con la ley penal, se trata de una población que se encuentra en una etapa del ciclo biológico en el que buscan reafirmar su identidad, y es justo donde se debe iniciar un proceso de elevar sus niveles de conciencia para la construcción de sus proyectos de vida, por lo que es preciso que el modelo de atención apunte a la justicia restaurativa y a la implementación de medidas alternativas a la prisión, en el entendido de que no solo son infractores, sino que, en muchos casos, son víctimas de un entorno que le lleva al desarrollo de conductas que entran en conflicto con la ley.
La eliminación de las jurisdicciones especializadas en niñez constituiría un brutal retroceso en los avances del país en cuanto a políticas públicas de NNA, dado que el déficit presupuestario de la Procuraduría General de la República evidenciaría una preocupante falta de compromiso, desde una perspectiva de derechos, para cumplir con el principio del interés superior del niño y prioridad absoluta, contenidos en la Convención y en la Constitución
