Clínicas privadas alertan sobre impacto del nuevo Código Penal y solicitan prórroga de 12 meses

Santo Domingo.- La Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (ANDECLIP) puso sus cartas sobre la mesa frente al nuevo Código Penal, advirtiendo que la normativa devolverá como un boomerang las culpas de los médicos contratados hacia las empresas de salud privadas.

Para evitar un colapso en el sector, las clínicas proponen al Congreso Nacional la aprobación de una disposición transitoria autoejecutable que suspenda la vigencia de la norma en el ámbito médico-asistencial. En concreto, solicitan una vacatio legis especial de 12 meses adicionales a los ya previstos en la Ley 74-25.

Esto, agregan, con el fin de que puedan generarse las guías y lineamientos objetivos que orienten sobre los criterios de evaluación de la responsabilidad penal de una empresa médica.

“Esta prórroga transitoria proveerá el tiempo técnico indispensable para el diseño de un modelo gremial de Compliance Médico-Legal que opere como un puerto seguro en la persecución penal y sirva de mapa de ruta para las investigaciones de los fiscales”, explicó la entidad.

En un comunicado puesto a circular entre su membresía a través del portal Resumen de Salud, la asociación expresó su profunda alarma ante el impacto del nuevo Código Penal sobre el ejercicio de la medicina.

“Sostenemos que el acto médico es una obligación de medios regida por la ciencia, caracterizada por un riesgo clínico inherente que no se puede suprimir en su totalidad”, argumentó el gremio.

Resaltó además que pretender imputar responsabilidad penal corporativa a una clínica privada y sancionarla con la clausura física temporal o definitiva debido a incidentes clínicos individuales, constituye una violación al principio de personalidad de las penas y al debido proceso.

Asimismo, ANDECLIP advirtió que suspender la operatividad de un establecimiento interrumpe la asistencia de emergencia y el soporte vital, vulnerando de forma directa el derecho fundamental a la salud de los pacientes.

“Calificar penalmente decisiones clínicas complejas, tomadas bajo condiciones de extrema emergencia y escasez de recursos, destruirá la relación médico-paciente y forzará al sector a una medicina defensiva”, sentenció el documento.

La directiva reiteró que cualquier atribución de responsabilidad penal a las clínicas por los delitos de sus subordinados debe basarse en la ciencia. Ignorar estas particularidades, advirtió la asociación, introduce una grave inseguridad jurídica que amenaza con desestabilizar la red hospitalaria nacional.

Finalmente, las clínicas aseguraron que trabajan para proteger vidas y exigieron que el marco penal garantice la seguridad jurídica necesaria para ejercer la profesión con dignidad, sin la amenaza constante de una judicialización selectiva o arbitraria.