El sicariato se ha convertido en una modalidad del delito que ha comenzado a despertar preocupaciones en sectores del país.
Junto al feminicidio, este fenómeno social alarma a la colectividad que demanda de una política de Estado para ponerle freno antes que la situación desborde la capacidad logística y operativa de las autoridades.
En cualquier momento la población es sacudida por la muerte de algún personaje público o persona no muy conocida por motivos vinculados a las drogas, a deudas o por conflictos personales, matizados casi siempre por un frío precio que se coloca a las víctimas.
La voz más reciente que se ha levantado sobre el sicariato la constituye la del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, que alerta sobre la necesidad de combatirlo en el terreno que sea necesario y con las estrategias gubernamentales.
Caso político
El caso que vincula al regidor asesinado en Bayaguana Renato de Jesús Castillo genera otro motivo de preocupación. De ser cierta la vinculación del alcalde de ese municipio, Nelson Sosa, en el caso del edil, entonces se abriría el camino del nuevo fenómeno del sicariato por asuntos políticos, porque la víctima y el ejecutivo municipal habían sostenido algunas diferencias por el manejo en la Alcaldía.
Se alega que Castillo hizo referencia a manejos no adecuados de fondos del Ayuntamiento, lo que habría provocado la disputa con el alcalde.
Este sería, sin embargo, el primer caso de esta índole que se produce en el país, en caso de ser encontrado culpable Nelson Sosa.
Y la Justicia
El Poder Ejecutivo, de su lado, debe jugar un rol más protagónico contra las personas que se vinculen a hechos que lesionan a la sociedad.
