En tiempos del advenimiento de un nuevo orden mundial que dejará en el pasado la unipolaridad hegemónica por los Estados Unidos desde principios de la década de 1990, los países se encuentran compelidos a jugar con inteligencia y prudencia en el campo de la geopolítica.
Las potencias mundiales no ven nada casual ni irrelevante en el ámbito geopolítico. Los principios del Derecho Internacional como el de Humanidad, de Solidaridad, de Distinción y el de Reciprocidad son enarbolados en las asambleas generales y temáticas de la Organización de las Naciones dependiendo de las conveniencias coyunturales.
A través de cuerpos diplomáticos y consulares bien entrenados, las naciones desarrolladas auscultan cada ficha que se mueve en el tablero mundial; los análisis geoestratégicos forman parte de la cotidianidad internacional.
No estudian la casualidad, sino la causalidad de los acontecimientos para colocarlos en perspectiva de conformidad con sus intereses. Los elementos morales tampoco cuentan al momento de la toma de decisiones; y para muestra, ahí están los genocidios que se suceden en la República Democrática del Congo y en Palestina.
Uno de esos hechos, de apariencia irrelevante ocurre en la República Dominicana con el cierre de numerosos establecimientos comerciales propiedad de ciudadanos chinos, acusados de la violación de leyes impositivas.
Aunque las autoridades dominicanas actuaron en función de lo que establecen las leyes, el acontecimiento no deja de convertirse en un roce a la geopolítica criolla.
La embajada de China se expresó en términos diplomáticos: “Reiteradamente exigimos a la comunidad china respetar la ley y cumplir con las normas locales, mientras esperamos que las autoridades dominicanas creen un buen entorno para las empresas chinas sin prejuicio ni discriminación, y protejan sus derechos e intereses legítimos.
Tenemos plena confianza en las perspectivas de una cooperación amistosa y mutuamente beneficiosa entre los dos países”.
Un análisis semiótico, en el plano de lo connotativo, reflejaría que más allá del néctar propio de la diplomacia; existe un poco de sal cuando el gigante asiático señala que espera que las autoridades creen un buen entorno para las empresas chinas sin prejuicio ni discriminación, y protejan sus derechos e intereses legítimos.
El restablecimiento de las relaciones diplomáticas, hace casi seis años, abrieron un nuevo escenario geopolítico para la República Dominicana en el Caribe para proporcionar ventajas económicas y políticas. Actualmente, nuestro país, conforme a los indicadores de análisis geoestratégicos, no representa un actor geopolítico de importancia a nivel planetario.
No obstante, el paso dado durante el segundo mandato presidencial de Danilo Medina abrió a los dominicanos un escenario que implicó la puesta a disposición de un potencial mercado de más de 1,400 millones de consumidores para impactar positivamente en varios renglones de la economía; carteras de financiamientos y programas de cooperación; instalación de empresas que generen empleos, así como el acceso a organismos y órganos internacionales.
La medida gubernamental frente a la ilegalidad de establecimientos comerciales chinos tiene, indudablemente, sus riesgos geopolíticos para la República Dominicana. A pesar de que la problemática de la evasión impositiva persiste desde hace años, pudieron encontrarse otros canales y no los propios de un foro público.
Los productos chinos no llegan en naves intergalácticas, sino a través de los puertos nacionales; si evaden impuestos, entonces habría que pensar en la ineficiencia oficial en materia de control y recaudo.
Lo que queda claro es que para el Gobierno el mantenimiento de buenas relaciones con China debería ser más provechoso que el cierre de comercios de propiedad de migrantes de esa nación, al margen de presiones empresariales o del interés de incrementar su deficitaria recaudación fiscal.