Las manifestaciones en las calles desbordan la capacidad de negociación del gobierno español.
Barcelona.-Unas 200 mil personas se manifestaron en Barcelona anoche contra el encarcelamiento de dos influyentes líderes independentistas acusados de sedición por la justicia, en medio de una crisis enquistada entre el gobierno regional y el central.
El delito de sedición puede acarrear hasta 15 años de cárcel. En la misma causa están imputados el jefe de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, y una subalterna suya, Teresa Laplana, que seguirán en libertad pero no podrán abandonar el país.
Al grito de “independencia”, y portando velas, la multitud marchó por el centro de la ciudad para reclamar la liberación de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, de las organizaciones Omnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana y encarcelados bajo cargos de sedición.
En el frente judicial, el Tribunal Constitucional anuló definitivamente la ley catalana por la que se convocó el referéndum de independencia del 1 de octubre, momento en que se desbocaron los acontecimientos que han sumido a España en su peor crisis política de los últimos 40 años.
Antes, al mediodía, en la plaza barcelonesa de Sant Jaume, el presidente catalán Carles Puigdemont y parte de su gobierno se unieron a los manifestantes, que gritaban “libertad”, “independencia” y “la represión no es la solución”.
El ayuntamiento de Barcelona suspendió actividades hasta mañana “en solidaridad” con los detenidos, anunció la alcaldesa Ada Colau.
Partidarios de la separación sostienen que el voto por el “Sí” ganó y que las autoridades catalanas tienen la obligación de declarar la independencia, a pesar de que el fallo del Tribunal concluyó que el referendo fue inválido.
Proceso no es válido
El Tribunal Constitucional de España falló ayer que el referendo independentista de Cataluña fue anticonstitucional, dando peso legal al esfuerzo del gobierno por impedir la secesión promovida por los líderes de la región.
