El intercambio comercial y la busqueda de sustento es la principal motivación de la migración haitiana hacia el país.
SANTO DOMINGO.-El migratorio es uno de los ejes centrales de la Mesa de Trabajo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) con el Gobierno dominicano, según consta en la agenda que para ese proceso divulgó la entidad apéndice de la Organización de Estados Americanos.
La entidad explicó que la mesa de trabajo tendrá una duración de doce meses y que durante ese período habrá dos reuniones, una en Santo Domingo y la siguiente en Washington, aunque las fechas aún no han sido fijadas.
También especifica que la iniciativa de la Mesa de Trabajo fue propuesta por República Dominicana y aprobada en la 167 períodos de sesiones celebrado del 22 de febrero al 2 de marzo pasado en Bogotá, Colombia.
El primer tema de esa Mesa es titulado » Adquisición de la Nacionalidad y Migración (políticas públicas post Sentencia 168-13: Ley 169-14 y Plan Nacional de Regularización de Extranjeros)». Los otros dos temas son «Políticas para combatir todas las formas de discriminación y «Derechos de las mujeres e igualdad de género».
En Ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Miguel Vargas Maldonado, informó a un grupo de periodistas que la Comisión no trataría temas nacionales en su reunión en Santo Domingo, pero a lo que hacía referencia es a la 168 período de sesiones que celebrará la Comisión en Santo Domingo del 3 al 11 de mayo y no a la Mesa de Trabajo.
Ambos eventos se celebrarán en territorio dominicano por iniciativa del gobierno dominicano, según reveló de manera oficial la Comisión Interamericana de los Derechos.
Temas de Atención de la Mesa de Trabajo
1.- Adquisición de la Nacionalidad y Migración (políticas públicas post Sentencia 168-13: Ley 169-14 y Plan Nacional de Regularización de Extranjeros):
- a) Medidas estatales necesarias para garantizar el acceso a la documentación, en igualdad y sin discriminación e incrementar los caminos para el acceso efectivo al registro civil.
- b) Medidas para garantizar el registro de nacimiento, en igualdad y sin discriminación, incluido el registro tardío de nacimientos.
- c) La aplicación integral de la Ley 169-14 que permita alcanzar su total cumplimiento y medidas para facilitar los medios que garanticen el acceso efectivo de la población a su documentación.
- d) Mecanismos correspondientes para investigar y atender los potenciales casos de aquellas personas nacidas entre el 2007 y 2010, que nunca contaron con un registro de su nacimiento y que no aplicaron al procedimiento establecido por la Ley, así como los hijos de parejas mixtas.
- e) Medidas para avanzar en la implementación del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y ofrecer alternativas para acceder al registro y documentación de migrantes.
- f) Medidas para mejorar y garantizar la seguridad e integridad personal de los migrantes.
- g) Acciones para prevenir expulsiones y deportaciones al margen de la Ley.
2.- Políticas Para Combatir Todas las Formas de Discriminación
- a)Medidas estatales para fortalecer la lucha contra la discriminación. En particular, leyes y programas concretos especialmente dirigidos a erradicar la discriminación contra las poblaciones vulnerables.
3.- Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género
a) Medidas necesarias para adecuar su marco normativo con el fin de garantizar a todas las mujeres, sin discriminación, el goce efectivo de sus derechos sexuales y reproductivos;
- b)Acciones concretas para garantizar el acceso, en igualdad, a servicios de salud sexual y reproductiva, en particular a mujeres y niñas con discapacidad, en situación de vulnerabilidad por su origen socio-económico, su raza o etnia, por su orientación sexual, su identidad de género, su situación migratoria y/o por su ubicación geográfica.
- c) Programas con miras a alcanzar la cobertura universal, y en igualdad, del sistema de salud para las mujeres gestantes y en edad reproductiva —de 15 a 49 años.
- d) Medidas para fortalecer la perspectiva de género en la justicia penal del país, incluyendo formación a jueces y a operadores de justicia, de forma inter-institucional con las entidades pertinentes del Estado para contribuir a la lucha contra la impunidad en términos de violencia contra las mujeres.
