Por más que se quiera disimular, el Poder Judicial atraviesa en los actuales momentos por una etapa de enfrentamiento interno que en nada favorece a la institucionalidad tan ansiada por todos.
Una diferencia entre una jueza y una representante del Ministerio Público, actuantes en un caso de indiscutible trascendencia nacional, ha sido el detonante para que salieran a la luz pública posibles actos de corrupción o en el mejor de los casos, manejos inadecuados por parte de funcionarios llamados precisamente a velar por la correcta aplicación de las leyes.
El hecho de que en el asunto se hayan involucrado los más elevados funcionarios del Poder Judicial, como lo son el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el Procurador General de la República, le añade gravedad al caso y talvez obligue a apoderar del mismo a instancias superiores dentro del ámbito del citado Poder del Estado.
Es de esperarse que la prudencia y el ánimo sereno de ambas partes en conflicto las conduzcan a un avenimiento justo y civilizado que evite más problemas para este pueblo, que ya tiene demasiados sobre sus hombros.
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