An aerial view shows Vattenfall's Jaenschwalde brown coal power station near Cottbus, eastern Germany August 8, 2010. REUTERS/Fabrizio Bensch
Pekín.- China aprobó la construcción de 155 plantas de carbón en los primeros nueve meses de este año, cuatro a la semana, pese a la saturación del sector y a la bajada del consumo de esta fuente de energía, que, de entrar en funcionamiento, tendrán un gran impacto en el medio ambiente del país, denuncia hoy Greenpeace.
Las emisiones de CO2 de estas plantas supondrán el 6 por ciento de las actuales emisiones de China o, lo que es lo mismo, las emisiones totales de Brasil, señala Greenpeace en un comunicado publicado este miércoles.
Además, las emisiones de partículas tóxicas de estos nuevos proyectos serán mayores que las emisiones de todos los vehículos juntos de Pekín, Tianjin, Shanghái y Chongqing, las cuatro ciudades con estatus de provincia de China.
Su puesta en funcionamiento provocará, alerta la ONG, que aumenten los casos de asma y bronquitis crónica en la población, así como que ascienda el número de muertes relacionadas con la contaminación en unas 6.100 por año.
La ONG explica que la aprobación de estas nuevas plantas parece deberse a la decisión de China de descentralizar la autoridad para dar luz verde a este tipo de proyectos. Además, ocurre cuando la producción de electricidad por la quema de carbón no ha crecido desde 2011 y “no tendrá espacio” para hacerlo hasta 2020, según los objetivos del Gobierno para impulsar energías verdes.
“Al mismo tiempo que el consumo de carbón baja y China redobla sus compromisos con el clima, las empresas estatales están invirtiendo ciegamente en una forma de generación de energía contaminante y anticuada”, consideró Lauri Myllyvirta, activista sénior de Greenpeace.
La organización pide una “inmediata prohibición” de nuevas plantas de carbón, uno de los principales factores de la grave contaminación que sufre el país.
Según datos de Greenpeace, estas 155 plantas suponen una inversión de alrededor de 70.000 millones de dólares y aumentarán en un 40 por ciento la deuda actual de las compañías estatales involucradas.
En este contexto, las firmas estatales bloquearán las reformas encaminadas a construir un sistema energético más verde en el país, considera Greenpeace, que ve la situación como “una burbuja de carbón” muy peligrosa para China, tanto a nivel económico como social.
