En su primer mandato, el presidente chileno ofreció la “Chilean way to development” y ahora vuelve a prometer poner al país en las puertas del desarrollo.
Pero, entre tanto, el ministro de Educación acusa que le llegan comunicaciones de escuelas públicas pidiendo auxilio para sus techos con filtraciones.
Para él la alarma no está en ese signo de precariedad, sino en el “centralismo”, “paternalismo” y “asistencialismo” que ve en esos reclamos, y demanda que esas comunidades educativas ejecuten soluciones autónomas, por ejemplo “organizar bingos” para recaudar fondos.
¿Por qué un cuadro gubernamental le llama “paternalismo” a lo que en Finlandia, Canadá o Islandia -países destacados de la OCDE con que comparan a Chile- sería obvia responsabilidad de la administración pública?
¿Es que los recursos son “escasos” y la sociedad no puede permitirse “excesos”, o la gente debe “responsabilizarse más”? Resulta curioso, pero más lo es que el ministro parezca no saber que Chile hace rato funciona como un bingo, donde los recursos abundan pero de forma totalmente desigual.
La primera modalidad de bingo es la que todos niegan: que el discurso del modelo de libre mercado y del Estado subsidiario (que regula y actúa solo donde el mercado falla, en favor de los “más indefensos”) es solo ideología: realidad para los que se desviven laborando día a día, pero retórica de legitimación para los verdaderos ganadores. No son agentes privados que concurren por las leyes de la oferta y la demanda quienes organizan y distribuyen los recursos.
No. En Chile, ejemplo cimero del neoliberalismo latinoamericano, se privatizan las ganancias y se colectivizan las pérdidas financieras y sociales.
Por ejemplo, académicos de la Universidad de Chile han demostrado que las 10 grandes mineras transnacionales se apropiaron entre 2005 y 2014 de una “renta graciosa” (indebida y excesiva) equivalente a 120 mil millones de dólares (el doble del PIB total de la economía dominicana), mientras los impuestos se definen en función de “no alejar las inversiones”.
A las grandes empresas que operan el transporte de la capital se les ha transferido 6400 millones de dólares en subsidios (aparte de lo pagado en pasajes por la gente) de 2007 a la fecha. Las ISAPRES, aseguradoras de “salud”, solo en 2017 ganaron más de 100 millones de dólares, incrementando sus beneficios en más de 40%, en tanto los bancos, gracias a beneficiarse del Crédito educativo con Aval del Estado (CAE), se han ganado casi 1000 millones de dólares “financiando la educación”.
Estado muy presente para apoyar al gran capital y la privatización de lo que deberían ser derechos fundamentales. “Recursos limitados” y crítica al “paternalismo” si se trata de tapar filtraciones en escuelas públicas. Según los administradores del modelo, los derechos no pueden discutirse de forma “maximalista” y siempre deben estar acompañados de “prudencia fiscal” .
Y si las cosas van mal, la solución debe ser autónoma y con un bingo. Qué bonita leyenda ¿no?
