José Báez Guerrero
Es excelente noticia de que el Ministerio de Educación despidió entre diciembre de 2023 y agosto pasado más de 600 maestros tras determinar que 279 cometieron faltas graves, como abandono del trabajo y cobrar sin laborar.
Una quinta parte de los cancelados estuvo bajo investigación por actos de indisciplina, violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Es espeluznante imaginar un aula con semejantes delincuentes encargados de la enseñanza de niños.
El control del personal y su desempeño es una de las claves para que el Gobierno logre mejorar la calidad de la enseñanza básica en las escuelas públicas.
El sindicato de maestros, la famosa ADP, usualmente da vergüenza ajena por oponerse tradicionalmente a que se evalúe el desempeño de los educadores, consecuente con su nefasta afinidad con el partido que esté en la oposición.
Aplaudo cada paso de las autoridades de Educación para lograr que la ADP cese su incordiante oposición al impostergable rescate de la instrucción pública, para que muchísimos niños superen la enorme desventaja competitiva de un déficit educativo y cívico.
