Certifican celulares, pero la recepción de denuncias sigue en cuadernos y sin señal

Durante seis años se nos ha prometido una Policía del siglo XXI: moderna, cercana al ciudadano, interoperable y apoyada en la tecnología para garantizar una respuesta más eficiente frente al delito. Se nos habló de transformación institucional, de dignificación policial, de destacamentos remodelados y conectados, pero, sobre todo, de una reforma profunda capaz de recuperar la confianza ciudadana.

Sin embargo, cuando observamos la realidad diaria de los barrios y la experiencia concreta de quienes acuden a un destacamento para presentar una denuncia, la brecha entre el discurso oficial y la realidad operativa resulta alarmante.

El anuncio más reciente de esta semana del MIP sobre la certificación digital de celulares robados mediante la verificación del IMEI vuelve a poner esa contradicción sobre la mesa. La medida ha sido presentada como un gran avance tecnológico en el proceso de reforma policial, con el objetivo de reducir el robo de teléfonos móviles y evitar su reintegración al mercado ilícito.

En principio, la iniciativa parece positiva. Toda herramienta que limite la rentabilidad del delito debe valorarse. Pero en materia de seguridad ciudadana, las políticas públicas no se evalúan por su impacto mediático, sino por su viabilidad real.

Y aquí aparece la gran pregunta: ¿Cómo puede hablarse de certificación digital de celulares robados cuando todavía no existen condiciones mínimas para recibir adecuadamente una denuncia? Y más aún cuando, en muchos destacamentos, ponen a dar vueltas al ciudadano para no tomarle la denuncia y que la estadística no suba.

Señores del gobierno, la trazabilidad criminal no comienza en una plataforma de IMEI; comienza en el momento en que la víctima logra que su caso sea registrado formalmente, y no específicamente en un cuaderno; justamente ese es el punto más débil del sistema.

Para nadie es un secreto que presentar una denuncia en un destacamento sigue siendo, para muchos ciudadanos, un proceso desgastante y frustrante. Luego de ser víctima de un atraco, la persona no solo enfrenta la pérdida material y el impacto emocional, sino también un sistema que a menudo parece estar diseñado para desincentivar la denuncia.

Primero, porque en numerosos casos existe una resistencia silenciosa a formalizarla. Cada denuncia registrada incrementa las estadísticas oficiales de criminalidad, y esas cifras generan presión política. En lugar de facilitar el proceso, muchas veces se posterga, se dificulta o simplemente se evita.

Segundo, porque aun cuando existe voluntad institucional, la precariedad tecnológica impide que el sistema funcione con eficiencia.

Nuestra investigación confirma que actualmente existen 727 destacamentos policiales a nivel nacional. Sin embargo, apenas 172 cuentan con computadoras destinadas al procesamiento formal de denuncias. Esto significa que más del 75 % de los destacamentos opera sin las herramientas tecnológicas básicas para registrar adecuadamente un hecho delictivo.

Al analizar la dimensión territorial, la situación resulta aún más preocupante. El 28 % de las provincias del país no cuenta con computadoras para la recepción formal de denuncias. Las mayores capacidades siguen concentradas en los grandes centros urbanos: el Distrito Nacional dispone de 25 computadoras; Santiago apenas cuenta con 10 para un total de 54 destacamentos; Santo Domingo Este posee 27; Santo Domingo Oeste, 12; y Santo Domingo Norte, 18.

Esta concentración demuestra que la llamada modernización policial no ha llegado al territorio; se ha quedado en el discurso.

Es aquí donde surge la pregunta que nos hacemos muchos ciudadanos: ¿dónde entra ese celular robado en el sistema que luego pretenden certificar digitalmente?

Porque si la denuncia no se registra, no hay investigación. Si no existe investigación, no hay inteligencia criminal. Y sin inteligencia criminal, cualquier estrategia de seguridad termina siendo una operación de imagen.

A esta debilidad se suma un problema aún más grave: la conectividad. De los 727 destacamentos existentes, apenas 110 cuentan con servicio de internet que permita la conexión en tiempo real con la base de datos central de la Policía Nacional. Es decir, incluso donde existe una computadora, muchas veces no existe la capacidad de interoperar con el sistema.

Después de seis años de reforma policial, esto no puede presentarse como un progreso.

Durante todo este tiempo se prometieron la interoperabilidad, la digitalización y una Policía del siglo XXI. Incluso se anunció que más del 80 % de los destacamentos tendrían conectividad. Hoy, la realidad demuestra otra cosa: la mayoría sigue operando con procesos manuales, registros en papel y profundas limitaciones tecnológicas.

Desde la oposición responsable, nuestra obligación no es solo señalar el problema, sino también plantear soluciones.

Por eso, desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo proponemos un Plan Nacional de Digitalización de Destacamentos con metas públicas, cronograma verificable y presupuesto auditado; la creación de un Sistema Único de Denuncias interoperable entre Policía Nacional, Ministerio Público, sistema 911 e INACIF; una auditoría independiente sobre los fondos ejecutados en la reforma policial y una política de evaluación basada en resultados territoriales y no en ruedas de prensa semanales.

Hoy el Gobierno certifica celulares, pero sigue sin poder certificar la recepción de una denuncia interconectada.