Desde que el presidente Luis Abinader prestó juramento para su segundo mandato, el 16 de agosto de 2024, inició la cuenta regresiva para dejar de ser el primero entre sus iguales y convertirse en un ciudadano normal de la República Dominicana.
El tiempo entre su juramentación y la despedida del poder político es bastante largo, porque media un cuatrienio, un espacio de tiempo suficiente para marcar avances o retrocesos en la sociedad dominicana. Esto significa que la administración gubernamental está en la obligación de actuar con la prudencia necesaria, a fin de evitar el colapso del país en una época de incertidumbre global.
No vivimos en el mejor momento, al punto que el propio mandatario acaba de admitir que la economía dominicana ha experimentado una desaceleración en su ritmo de crecimiento, algo que, según dijo, ya está siendo percibido por la población.
El índice de crecimiento nacional ha pasado de crecer un 5 % a un 2.7 o 3 %, una situación preocupante con miras al futuro inmediato de la población.
La realidad radica en que la actual administración ha actuado con irresponsabilidad en aspectos fundamentales de la conducción del Estado; como el caso del endeudamiento externo. El peso de la deuda pública resulta preocupante.
Durante el 2026, se estima que los dominicanos destinarán 322,560.9 millones de pesos para ese concepto, representando un incremento de un 8 % con relación a 2025, equivalente a 24,074.5 millones de pesos adicionales. La aprobación de miles de pensiones especiales a cargo de fondos del Estado sin haber sido servidores públicos también ha sido otro de los pasos desacertados.
La ejecución de políticas públicas populistas ha acrecentado los problemas nacionales. Estas prácticas terminan deteriorando la economía y creando, como consecuencia, caldo de cultivo para disturbios sociales, originados en los segmentos poblacionales más vulnerables.
Los gobiernos son administradores temporales del Estado, por los funcionarios, designados o electos por el voto popular, están en el deber moral de actuar de conformidad a las mejores prácticas administrativas.
Ningún gobierno puede ser exitoso en la aplicación de políticas públicas que generen bienestar, si se caracteriza por la improvisación y la falta de planificación. La cuestión es sencilla: Sin planificación no se alcanzan los objetivos deseados.
De lo anterior se desprende que la mayoría de las administraciones gubernamentales populistas finalizan en fracaso, profundizando los niveles de pobreza y de desigualdad social.
El populismo consiste en medidas de gobierno populares con el único propósito de sumar la simpatía de los electores, aunque éstas sean contrarias a las buenas prácticas de gestión de un funcional Estado Social y Democrático de Derecho. El problema está en que es complejo y perjudicial.
Esto así, porque provoca consecuencias adversas, debido a que en la mayoría de los casos carece de fundamento y termina acarreando déficits institucionales que impactan negativamente a la democracia. Generalmente, los populistas no escuchan las voces sensatas, bajo el entendido de que se contraponen con sus aspiraciones y expectativas.
Vale la pena tener siempre presente el planteamiento del político británico Winston Churchill, quien acostumbraba a decir que la democracia, en su esencia, era la necesidad de doblegarse, de vez en cuando, a las opiniones de los demás, sin que eso conllevase la pérdida de influencia.
Lo recomendable es que el presidente Abinader, en los tres años que restan para que finalice su gestión, abandone todo tipo de populismo que endeude más a la República Dominicana, y trate de cerrar de manera frugal y con la responsabilidad propia de un líder democrático.
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