Las administraciones del Estado conceden, o dejan pasar y hacer, porque en algunos casos es políticamente rentable; en otros, porque donde no hay dinero es menos laborioso, y casi siempre inevitable, dejar que las cosas ocurran porque son impulsadas desde dentro.
Ahora tenemos el caso del motoconcho, que improvisa paradas en cualquier lugar, pero lo mismo ocurre con el concho, bancas de apuestas, farmacias, talleres de mecánica o ebanistería, tiendas de licores, colmadones, ensanchamientos urbanos o apropiaciones de espacios públicos y una hilera interminable de etcéteras.
En algunos casos la administración otorga los permisos y a continuación se olvida de la regulación debida.
Cuando esto último ocurre el comportamiento típico desde el Estado es el acomodamiento a la realidad de que se trate, como ha sido con el negocio del transporte de pasajeros en todo el país, pero particularmente en los grandes centros urbanos.
Tratar con estas organizaciones monstruosas de transportistas es complicado para cualquier gobierno por razones de todos conocidas: la posible paralización de un servicio del que son proveedores únicos y la vinculación con la política.
Regular desde la administración los servicios públicos dejados por cuenta de particulares es un deber, pero no se hace.
Las razones por las que esta manera de hacer en relación con servicios públicos por cuenta de particulares pasa de una administración a otra en el tiempo nunca han sido explicadas.
Cualquiera puede, como consecuencia, dar las que les parezcan lógicas, como pensar que resulta oneroso para el Estado, que ninguna institución cuenta con personal para esos fines o que el hacerlo tiende a ser políticamente inconveniente.
Ahora toca el turno al motoconcho, al que se amenaza de muchas maneras, acaso mientras se apacigua la histeria masiva que está a punto de provocar el comportamiento desaforado de muchos de los operadores de este servicio.
Haití siempre ha estado allí, aprovechemos el ejemplo vivo que nos da.
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