La Oficina Nacional de Estadística (ONE) contrató personas en zonas urbanas y rurales de todo el país para laborar en el IX Censo Nacional de Población y Vivienda.
El personal recibiría su pago terminado el trabajo.
No fue así.
En el trabajo se involucraron empadronadores, supervisores, encargados de polígonos, encargados de municipios y provinciales que no han recibido el pago por el trabajo realizado.
En principio las autoridades correspondientes del Gobierno plantearon que había partidas del presupuesto especializadas para costear todo lo que implicaba pagos a todos los niveles del personal contratado. Todo indica que no era así y que en alguna parte de la cadena alguien mintió.
Nada justifica que no se haya cumplido con este personal. Nada excusa que a finales de diciembre se demoren enojosamente dichos pagos.
Pagarle a una parte y pedirle a la inmensa mayoría de este personal que espere hasta principios de enero para efectuar dicho pago es una mayúscula injusticia.
El personal que trabajó en el censo no es tan numeroso para pedirle que espere más tiempo. La ONE debe honrar el compromiso que asumió en un plazo más breve y con mayor sentido de justicia con ese personal que contrató.
