La Junta Central Electoral (JCE) tiene una responsabilidad conexa, muy intima, y vinculada con la Dirección General de Migración, sobre todo porque la primera dota de documentación de identidad a extranjeros que han cumplido con el proceso establecido por la ley tanto si optan por la residencia o por la ciudadanía.
La información de que hay 34,453 cédulas de extranjeros en poder de la JCE que están vencidas, podría tomarse como un indicio de cierta falta de control o seguimiento a los extranjeros que viven en el país.
La brecha que se da entre un proceso y otro es preocupante, sobre todo con las denuncias del pasado y la facilidad con que se dotaba de una y varias cédulas a extranjeros que luego eran vinculados a negocios oscuros, incluso, al narcotráfico y el lavado de activos.
El Censo de Población y Vivienda que recién acaba de concluir se hizo con el propósito de saber, entre otras variables, cuántos somos, y de la totalidad de esos habitantes cuántos son extranjeros.
Independientemente de que no tengamos esa información, resulta impostergable que las autoridades trabajen con el rigor que demanda la situación para que todos los extranjeros que residan en el país estén debidamente legalizados.
La Junta le haría un gran servicio a la nación al tomar cuantas medidas sean necesarias, dentro del marco de la ley, para garantizar que todo el que porte un documento de identidad dominicano reúna las condiciones para tenerlo.
