SANTO DOMINGO.- La Cámara de Cuentas recomendó a la Junta Central Electoral (JCE) definir las atribuciones de la Cámara Administrativa en lo relativo a las contrataciones de obras y adquisiciones de inmuebles y hacer algunas mejoras en su estructura de control interno.
El informe provisional de auditoría entregado al presidente del tribunal electoral, Julio César Castaños Guzmán, el pasado lunes y posteriormente distribuido a los nueve jueces que la conforman para discutirlo en el Pleno del próximo miércoles, también recomienda la creación de una contabilidad patrimonial.
También especifica que el organismo realiza un estado de Ejecución Presupuestaria y Disponibilidad sobre la base del efectivo ingresado y los gastos pagados, pero que no prepara estados financieros.
Otras sugerencias
Otra de las recomendaciones que le hace la institución fiscalizadora a la JCE es instruir a la Dirección Financiera y de Auditoría Interna para formular un procedimiento o mecanismo de control que garantice que el depósito bancario realizado por las diferentes dependencias del tribunal que funcionan en los municipios y distritos del país puedan ser cotejados por la Tesorería de la sede en la fecha en que fueron realizados y registrados internamente en los libros y evitar los depósito en tránsito para el Libro Blanco de la entidad.
Además sugiere que la referida dirección, que de conformidad con la Ley de cheques, reintegre en los registros contables correspondientes los cheques en tránsito que exceden el tiempo de caducidad.
Igualmente, sugiere que las partidas asignadas en el 2008 a los partidos políticos a través de la Junta Central Electoral no son consideradas ni presentadas en el Estado de Ejecución Presupuestaria y de Disponibilidad Consolidado, por lo que recomienda instruir al director financiero para que esos partidos sean incluidos en el referido Estado.
Además de que se refleje en los registros e informes las transferencias realizadas a los partidos políticos beneficiados con esos recursos.
La publicidad
Sobre la publicidad, exhorta al organismo electoral poner en marcha un mecanismo de control que le permita monitorear si este servicio contratado y pagado fue realmente cumplido de acuerdo con los términos acordados en el orden de colocación y así evaluar cada cierto tiempo los objetivos de impacto que ésta ha causado.
Señala que durante 2008 en publicidad se invirtió un monto ascendente a 246 millones 280 mil 213 pesos con 60 centavos. Debilidades. La falta de un sistema contable integrado no permite un control efectivo de las operaciones que se realizan en el tribunal de comicios.
plazo. El tribunal electoral tiene diez días para hacer las observaciones que entienda de lugar al Informe Preliminar que le fue entregado el lunes.Otras faltas y carencias
En el informe provisional, la Cámara de Cuentas indica que las carencias y debilidades en los controles internos de la institución impiden que se disponga de registros apropiados e informaciones financieras confiables.
Asimismo, señala que las reiteradas inobservancias del Tribunal a las disposiciones legales relacionadas con las compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y al Código Tributario, conllevan a la ilegalidad, incredibilidad y desconfianza en los procesos de compras y contrataciones.
En ese sentido, explica que entre otras cosas, los saldos de efectivo de las cajas chicas, fondos en avances para cubrir presupuestos de mano de obra y gastos menores, así como de fondos operativos al 31 de diciembre de 2008, que ascienden a RD$10,096,065.83, no fueron incluidos en el Estado Consolidado de disponibilidad a esa fecha, afectando así la correcta presentación del Saldo del Efectivo en el Estado de Flujos de Efectivo, el cual está subvalorado.
Asimismo, precisa que hay deficiencias en las documentaciones soportantes relacionadas con los pagos de 30 millones 665 mil 106 pesos por concepto de compensación por servicios de seguridad al personal militar que protege los equipos de informática ubicados en las juntas electorales, así como por compra de combustibles para varias unidades de las Fuerzas Armadas y la Policía usadas en varias fases relacionadas con las elecciones presidenciales del año pasado.
