Ante el reciente retiro de operaciones por cuarenta días de la unidad número uno de Punta Catalina por pinches en la caldera, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, reiteraron la demanda de que Odebrecht y sus socios sean castigados por los fallos técnicos y la sobrevaluación de estas plantas de carbón.
Explicaron que la auditoría técnica forense dada a conocer en marzo del año pasado, demostró que Odebrecht, actualmente NOVONOR, junto con Tecnimont y el Grupo Estrella estafaron al Estado y al pueblo dominicano, entregando dos plantas de carbón con graves fallos estructurales que no permitirán que éstas funcionen normalmente.
“Estos fallos incrementan la contaminación y los impactos negativos de las plantas de carbón de Punta Catalina sobre el medioambiente, la salud de la población y los sistemas productivos de la provincia Peravia”, observaron.
Indicaron que igualmente, la auditoría financiera forense anunciada en abril de este año 2024, por el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, confirmó que Punta Catalina fue construida con una sobrevaluación de más de mil millones de dólares.
Afirmaron que solo la impunidad prevaleciente en el sistema de justicia dominicano explica que aún Odebrecht y sus socios no estén siendo perseguidos penalmente tanto por estos graves fallos técnicos estructurales que constituyen una estafa, como por la sobrevaluación y los actos de corrupción cometidos durante la construcción de Punta Catalina.
Dijeron que no es el momento de quejarse de que Punta Catalina vuelva a salir de servicio, lo que seguirá ocurriendo porque está impedida de funcionar con normalidad, sino de que la Procuraduría General de la República acuse formalmente ante los tribunales de la República a Odebrecht, al Grupo Marie Tecnimont y al Grupo Estrella por los crímenes cometidos en esta central térmica, basándose en las dos auditorías forenses realizadas por empresas independientes seleccionadas mediante concurso público.
Plantearon que la Procuraduría General de la República también debe acusar de complicidad con Odebrecht y sus socios, a la actual administración de Punta Catalina, encabezada por Celso Marranzini, por utilizar dinero del Estado y del pueblo dominicano para reparar fallos técnicos de esta central, después de dejar de ejecutar la garantía de cien millones de dólares depositada por el consorcio constructor para estos fines.
“Es al consorcio constructor presidido por Odebrecht, que es el responsable de las graves fallas técnica, a quien le corresponde reparar y/o financiar la reparación de los graves fallos técnicos, y no al Estado y al pueblo dominicanos. El pueblo dominicano ha recibido un doble abuso en Punta Catalina, el haber pagado con una enorme sobrevaluación una obra defectuosa y también pagar por la reparación de los vicios de construcción que adolece”, aseguró.
Señalaron que esta administración como las anteriores de Punta Catalina ha intentado ocultar y minimizar estos fallos y hacer aparecer la reparación de los mismos como procesos de mantenimiento rutinarios.
“En esta ocasión se ha contratado al fabricante de las calderas de Punta Catalina, la empresa Babcock & Wilcox (B&W), de grado a grado, se mantiene en estricto secreto el valor de este contrato y no se especifica quién pagará esta reparación de un daño que es claramente un desperfecto de los constructores de las plantas, que fue registrado y documentado por la auditoría técnica forense”, denunciaron.
Consideraron que la persecución penal contra Odebrecht, Tecnimont y el Grupo Estrella es totalmente oportuna en estos momentos, porque se poseen los datos y las pruebas que suministran las dos auditorías forenses, el Gobierno dominicano aún no ha recibido a Punta Catalina de forma definitiva, y porque Odebrecht rompió el acuerdo de lenidad que la eximía de la persecución penal.
Recordaron que Odebrecht dejó de pagar 125 millones de dólares de un total de 184 millones de dólares de indemnización acordada a favor del Estado dominicano, y ha dejado de hacer estos pagos de forma definitiva al declararse en quiebra.
“El acuerdo de lenidad consigna muy claramente que si Odebrecht incumplía con este pago, el acuerdo de lenidad cesaba de inmediato y el Ministerio Público podía actuar contra la empresa como si nunca hubiese existido tal acuerdo”, expusieron.
El párrafo único del artículo tres de Obligación de información y pago de cuotas de este acuerdo establece: “El incumplimiento de Odebrecht a su obligación de entrega de información y pago de las cuotas en la extensión y en los plazos convenidos en este acuerdo, facultará al Ministerio Público a dar por terminado el presente acuerdo”.
Además, “a retener las sumas que hubiese sido pagadas y a reiniciar la persecuciones penales y civiles en su contra como si el presente acuerdo nunca hubiese sido suscrito, y como si el criterio de oportunidad nunca hubiese sido solicitado”.
Expresaron que están reiterando la solicitud que formularan ante la Procuraduría General de la República, en fecha 17 de octubre de 2023, de iniciar la persecución penal contra Odebrecht y sus socios por los crímenes cometidos en Punta Catalina, sin más dilaciones y sin más excusas.
“De no hacer este sometimiento ante los tribunales de la República, la Procuraduría General de la República estaría incurriendo en prevaricación, uno de los delitos que cometió el anterior procurador Jean Alain Rodríguez”, manifestaron.
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