Hay muchos casos sin justicia que llegan a las páginas de los periódicos, que se sustentan en sólidos expedientes, muchos vinculados al narcotráfico, a la corrupción, a delitos de cuello blanco, pero los implicados logran eludir la justicia.
La cuenta desbordaría la capacidad de cálculo de todo el personal de la Procuraduría General de la República, trabajando a tiempo completo, con horario corrido, durante los próximos cinco años.
De lo que hay historia, y se ofreció un cálculo, es del monto que ha devorado la corrupción durante diez años. La información se debe al director de la oficina de Persecución de la Corrupción Administrativa. La cifra es de 104 mil millones de pesos; o sea, más de 10 mil millones por año.
Eso, sencillamente, es un dato cuantificado de cuánto le ha costado al pueblo dominicano la impunidad, medida en pesos. Y medir la impunidad en pesos significa que hay muchas personas sueltas y muchos funcionarios que no deberían estar en los puestos que ocupan.
Los caminos, las excusas y los subterfugios son muchos para impedir el paso a la larga mano de la Justicia. Han muerto en los archivos de importantes dependencias, de jueces, de la Procuraduría General, de fiscales, cuando no los mata el archivo se declara la absolución de los implicados o, como se estila, se retira la acusación. A la justicia la presentan con una venda sobre los ojos. Así, con los ojos cerrados, actúan muchos responsables de hacer que la justicia se aplique. Es lamentable. Lamentable que eso pase y nadie impida que suceda.
