Santo Domingo.- El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Peguero, aplazó para el 4 de septiembre el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra, debido a la ausencia de la defensa de uno de los imputados en el desfalco de más de RD$15 mil millones en la institución.
Por esta razón, el magistrado no conoció la solicitud, debido a que el imputado Minaya Pérez estaría en indefensión ante la ausencia de su abogado .
La solicitud de prórroga del Ministerio Público fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante los allanamientos .
Se trata del abogado Jaime Terrero, quien representa al imputado Francisco Iván Minaya Pérez, cuyo padre falleció y el cuerpo del fenecido está siendo velado en una funeraria, de esta capital.
El procurador adjunto, Wilson Camacho, indicó que la institución cuenta con un equipo especializado en el estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación del caso.
Además, dijo que el análisis de estos documentos permitirá determinar las responsabilidades penales de los actuales imputados y evaluar si existen elementos suficientes para vincular a nuevos implicados e imponerles medidas de coerción.
El exdirector del SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, está señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano , a través de la entidad pública de salud.

Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025 .
Los imputados enfrentan cargos por presunta coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación y uso de documentos falsos, así como lavado de activos . Estos delitos forman parte de la investigación por el supuesto desfalco millonario cometido en perjuicio de SeNaSa.
Traslado de imputados
El exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y otros imputados del caso Cobra, que cumplieron prisión en el Centro Correccional y de Rehabilitación Las Parras, fueron trasladados a la sala de audiencia del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Luego fueron sacados para ser llevados nuevamente al recinto referido.
Mientras los agentes de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo Penitenciario (UTAR) trasladaban al tribunal a los cinco imputados, se logró que uno de los miembros de la UTAR tuvo que ayudar a Hazim a caminar, debido a que lo hacía con dificultad . También lo ayudó a subir los pocos escalones para entrar a la sala de audiencia del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que fungirá como el Séptimo Juzgado de la Instrucción por razones de espacio, debido a la cantidad de imputados y otras partes del proceso.
Ese mismo proceso de asistencia fue realizado por los agentes de la UTAR al imputado Hazim .
Revisión de medida de coerción a imputada.
El juez también conoce una solicitud de revisión de la medida de coerción presentada a favor de Ada Ledesma Ubiera, implicada en el supuesto desfalco de más de RD$15 mil millones en SeNaSa, que habría afectado a pacientes de cáncer, tras ser imputada de cometer sobornos .
La imputada, a través de su abogado, Gustavo de los Santos Coll, pidió la revocación de la garantía económica impuesta hace un mes por RD$20 millones mediante una empresa aseguradora, debido a que no puede pagar el monto, que equivale a dos millones de pesos, por no tener los recursos para pagarla.
Además de esta medida, en ese momento también se le impuso arresto domiciliario, colocación de grillete electrónico e impedimento de salida del país .