SANTO DOMINGO.- Varios agentes policiales acordonaron la parte frontal del Palacio de Justicia para impedir el acceso de personas ajenas al proceso judicial contra los acusados de corrupción en el Caso Pulpo, liderado por Juan Alexis Medina Sánchez, mientras el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se prepara para la lectura del fallo.
La jueza presidenta Claribel Nivar Arias, junto a las magistradas Clara Castillo y Yisel Soto, decidirá el destino de los imputados señalados como miembros de una supuesta estructura criminal.
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La sentencia podría ser condenatoria o absolutoria, marcando un momento decisivo en este emblemático proceso por corrupción administrativa.
Familiares de los imputados se encuentran en la sala de audiencia por conocer cual será el futuro de parientes que están implicados en el expediente de corrupción del caso Pulpo.
El Ministerio Público, representado por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, afirmó que presentó 2,000 pruebas documentales, más de 90 testigos y alrededor de 86 pruebas materiales que sustentan las acusaciones contra Medina Sánchez y sus coacusados, quienes habrían desfalcado al Estado por más de RD$5,000 millones.
“De nuestra parte, el trabajo está hecho. Ahora esperamos la decisión del tribunal”, expresó Mirna Ortiz.
Pedimento del Ministerio Público
El Ministerio Público pidió condena de 20 años de prisión y multa de 400 salarios mínimos para Juan Alexis Medina Sánchez, señalado como cabecilla del entramado.
15 años de prisión y multa de 200 salarios mínimos para José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernabel Méndez Pineda.
Diez años de prisión para Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fonper; Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta administrativa; Carlos José Alarcón; Ramón Brea Morel (Jhonny Brea); y Lina Ercilia De la Cruz Vargas.
También solicitaron diez años de prisión y multa de 200 salarios mínimos para Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez y José Idelfonso Correa Martínez.
Cinco años de prisión para Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez (exministro de Salud Pública) y Rafael Antonio Germosén Andújar.
Tres años de prisión para Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, exfiscalizador de la OISOE.
En el caso de Víctor Matías Encarnación Montero, quien firmó un acuerdo con el Ministerio Público, se solicita cinco años de prisión suspendida y multa de 500 salarios mínimos, junto con restricciones como residencia fija, prohibición de ocupar cargos públicos y presentación periódica ante el juez de Ejecución de la Pena. Además, se pide el decomiso de RD$15 millones a favor del Estado.
La fiscalía también requiere inhabilitación por 10 años para contratar con el Estado, decomiso de bienes ilícitos y degradación cívica de los condenados, con cumplimiento de penas en los centros correccionales de Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
Detalles del proceso y acuerdos previos
En el Caso Pulpo están implicadas 27 personas y 21 empresas. Durante la etapa preliminar, Francisco Pagán Rodríguez, Julián Esteban Suriel Suazo, Lewis Ariel Castillo Robles y Domingo Antonio Santiago firmaron acuerdos con el Ministerio Público bajo el criterio de oportunidad y suspensión condicional del procedimiento, admitiendo culpabilidad.
El exfuncionario Francisco Pagán Rodríguez reconoció haber recibido RD$10 millones y entregó voluntariamente cinco cheques administrativos el 10 de diciembre de 2021. Con estos acuerdos, el Estado recuperó más de RD$200 millones en bienes muebles, inmuebles y efectivo.
Este miércoles, la sentencia estaba programada para las 11:00 de la mañana, pero fue pospuesta para las 5:00 de la tarde, debido a que las juezas aún deliberaban para fundamentar las motivaciones jurídicas de su fallo.
Antecedentes del caso
Las medidas de coerción se impusieron el días 8 de diciembre de 2020, tras una serie de allanamientos iniciados el 29 de noviembre de 2020 que culminaron con arrestos. En una de las audiencias, la entonces directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, pronunció la frase que marcó el proceso: “Usted tenía salud para contribuir al robo del Estado, entonces tenga salud para responder por ese crimen”.
La acusación señala que el imputado Juan Alexis Medina Sánchez utilizó su condición de hermano del expresidente Danilo Medina para crear un entramado societario que le permitió beneficiarse de contratos estatales fraudulentos.
Los delitos imputados incluyen: Lavado de activos, desfalco, enriquecimiento ilícito, financiamiento ilícito de campañas políticas, uso de documentos falsos, soborno y tráfico de influencias, contratos simulados, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, prevaricación, uso de testaferros y otros.
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