Santo Domingo.-El Ministerio Público, que aún no ha entrado en la fase de formulación de acusaciones, ha hecho indagatorias para determinar ilícitos en las operaciones que llevaron al Estado dominicano al pago de más de 19 mil millones de pesos en terrenos, incluyendo áreas protegidas, que hace décadas fueron declaradas de utilidad pública.

La principal figura entre las investigadas es el exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, sin embargo en el proceso han sido interrogadas decenas de personas, algunas de las cuales han colaborado con el Ministerio Público.

El caso se ha ido develando con documentos filtrados por la parte investigada, como por ejemplo un dictamen de la jueza de instrucción en que se autoriza el movimiento bancario de más de 90 personas, entre las que se encuentran exfuncionarios y personas a cuyo nombre se realizaron los pagos.

La autorización concedida en febrero pasado fue divulgada durante el fin de semana, pero llama la atención que lo filtrado no fue el acto original del Ministerio Público, sino una certificación solicitada por una “parte interesada”, lo que hace concluir que fue uno de los investigados.

La autorización fue concedida por la jueza coordinadora de los Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, quien ordena a las superintendencias de Bancos, Valores y a la de Seguros entregar los informes y reportes financieros solicitados por la Procuraduría, de los 209 investigados. De ese total 38 son personas físicas y el resto corresponden a empresas.

También ordena que el Instituto de Desarrollo del Crédito Cooperativo (Idecoop) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) entreguen esos informes a la Procuraduría.

Además del exministro de Hacienda, también están siendo investigados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) Emilio Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales; Claudio Silver, exdirector nacional de Catastro; Luis Piccirillo Mccabe y Domingo Martínez Reyes, del Consejo Estatal del Azúcar; Simón Lizardo, exadministrador del Banreservas; Luis Baldemiro Reyes, exdirector de Presupuesto; Daniel de Jesús Caamaño Santana, excontralor general de la República; Princesa García Medina y Aldo Gerbasi Fernández, de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública; Rafael Gómez Medina, exviceministro de Hacienda.

Modus operandi
La línea de investigación va en el sentido de la presunción de que se utilizaron maniobras fraudulentas para pagar miles de millones de pesos por concepto de expropiaciones pasadas, parte de lo cual habría sido devuelto a funcionarios del anterior gobierno.

Las investigaciones indican que las operaciones tenían su centro en el Ministerio de Haciendas, razón por la cual su anterior incumbente ha sido interrogado en varias oportunidades.

También se estima que realizaban la maniobra fraudulenta de simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativa que luego eran pasadas a terceros bajo la modalidad de cesión de créditos utilizando razones sociales u oficinas de abogados.

Registraron

— Pagos
Contraloría identificó múltiples libramientos de pagos fraudulentos registrados y pagados por los vinculados en actos de corrupción, desde Ministerio de Hacienda del 22 de enero al 27 de julio 2020.

Abogado Lockward ataca actos del Pepca

Reacción. El jurista Ángel Lockward, uno de los investigados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que la autorización de información financiera emitida por la jueza Kenya Romero fue solicitada con documentos falsos.

Manifestó que la autorización de informe financiero se basa en un supuesto “Informe de Auditoría” que ha sido declarado falso por el Contralor, del que dijo que respondió por escrito al tribunal que no lo había visto, ni firmado, ni tramitado.

El jurista señaló que en realidad la resolución número 17-02-2022 del 17, emitida el 23 de agosto, por la jueza Romero se basa en un supuesto “Informe de Auditoría” que ha sido declarado falso.