Ortiz destacó la importancia de las pruebas testimoniales presentadas en el caso Odebrecht y dijo que al final, cuando se reúnan todas, es que se sabrá el verdadero valor de las mismas.
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público expresó este sábado que se impondrán las condenas que solicitó en contra de los procesados por el asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras y los actos de corrupción registrados en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) durante la gestión de Manuel Rivas.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), se mostró confiada en que se impondrán las condenas de 30, 20 y 5 años de prisión que solicitó en sus conclusiones el Ministerio Público.
El órgano acusador, además, solicitó la imposición de multas y el decomiso de los bienes obtenidos por los imputados fruto de su actividad delictiva.
“En el día de hoy estuvimos escuchando los alegatos de clausura y la conclusión de las defensas de los imputados en este proceso. Ya para el lunes queda la última de las conclusiones y luego el tribunal se retirará a producir la deliberación para emitir la sentencia del proceso”, explicó Ortiz a periodistas que le preguntaron sobre el juicio.
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“Nada novedoso en las conclusiones presentadas por los abogados, más de lo mismo que se estuvo debatiendo en el proceso y no se debilitan de manera alguna la acusación y las pruebas presentadas por el Ministerio Público, por lo que estamos más que seguros de la obtención de las condenas solicitadas”, enfatizó.
Para el acusado Argenis Contreras, señalado como el autor material del secuestro y asesinato del abogado y catedrático universitario Ramírez Ferreras, solicitó la pena máxima de 30 años de prisión, mientras que pidió 20 años para los imputados Manuel Rivas, Faustino Rosario, Víctor Ravelo Campos y José Antonio Mercado Blanco y cinco años para Jorge Luis Abreu, Heidy Carolina Peña y Lilian Francisca Suárez Jáquez.
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, inició la audiencia de este sábado alrededor de las 10:30 de la mañana y concluyó próximo a las 6:30 de la tarde cuando decidió suspenderla hasta el próximo lunes 5 de septiembre.
El Ministerio Público inició el miércoles 11 de mayo la lectura de la acusación que contiene los cargos y las pruebas del caso, concluyendo con la presentación de más de 60 pruebas con las que aseguró demostrar la vinculación de los acusados con el crimen y los actos de corrupción en la OMSA.
El asesinato, cometido en octubre de 2017, está vinculado con los actos de corrupción administrativa ocurridos en la entidad gubernamental de transporte que era dirigida por Rivas desde agosto de 2012.
Ramírez Ferreras, quien presidía la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), fue hallado muerto con un block de concreto atado a su cuello mediante una cadena, en un arroyo de Hato Nuevo, en Santo Domingo Oeste.
Luego del hecho, Argenis Contreras huyó hacia Estados Unidos, en donde fue capturado y tres años después entregado al país tras los esfuerzos de la actual gestión del Ministerio Público.
