El Día 
Cándido Simón, abogado del exasesor de Jean Alain Rodríguez, Miguel José de Moya,.
SANTO DOMINGO.-El abogado Cándido Simón afirmó que el Ministerio Público busca una especie de “justicia popular” con la Operación Medusa.
Simón, es el representante legal de Miguel José de Moya exasesor de Jean Alain Rodríguez, quien se encuentra detenido en el Palacio de Justicia a espera de que se le conozcan medidas de coerción.
El letrado del derecho señaló que es previsible que vendrá la prisión preventiva para todos los implicados en el caso Medusa, sin embargo cuestionó el hecho de que los jueces accedan a las peticiones del Ministerio Público, lo que convierte el proceso en “justicia popular”.
Manifestó que su cliente siempre accedió las veces que fue requerido por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho por lo que considera que no debería estar en el actual escenario.
Externó que su cliente solo brindó una asesoría externa al exprocurador Jean Alain Rodríguez.
“Fue una asesoría externa, no sé por cuál razón lo colocan en este escenario, no sé por cuál razón lo allanan, si todo lo que le requirió Yeni Berenice y Wilson Camacho en reiteradas ocasiones que él fue a requerimiento de ellos voluntariamente y sin ningún tipo de objeción se le facilitó”, indicó Simón.
El jurista reconoció el respeto con el que su cliente Miguel José de Moya fue tratado cuando fue allanado y detenido en el municipio Jarabacoa, provincia La Vega.
“Él está en paz, es un hombre de paz, quiero reconocer con el respeto que le trató el fiscal que hizo el allanamiento que se llama Alexis Piña, cumplió con su deber”, aseveró el abogado.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra el ex procurador general Jean Alain Rodríguez y los exfuncionarios de la PGR.
Los apresados en el caso, además del exprocurador Jean Alain Rodríguez, son Rafael Antonio Mercedes Marte, quien se desempeñó como encargado del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General; Altagracia Guillén Calzado, exsubdirectora administrativa de la Procuraduría General, y Javier Alejandro Forteza Ibarra, quien exdirector de Tecnología de la Información de la institución.
Otros implicados en el caso son Rafael Stefano Canó Sacco, Jenny Marte Peña, Alejandro Martín Rosa Llanes, Braulio Michel Batista Reyes, María Josefina Azar Díaz, Johannatan Loanders Medina Reyes, Amelia Isabel Escaño, Mercedes Camelia Salcedo Disla, Ronny Rafael Corporán, Francis Ramírez Moreno y Ney Ernaldo Caccavelli Guevara.
El grupo está acusado de integrar una asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.
La fiscal indicó que las investigaciones siguen abiertas y que puedan existir maas personas vinculadas en el caso.
